Cada anuncio de erupción del volcán Galeras, cada inundación en el río San Jorge y los desplazamientos que sufren las comunidades en Arauca trastornan el año escolar de miles de niños en el país.

Sus colegios vuelven albergues y ellos pasan de ser sus estudiantes a sus habitantes o, en el mejor de los casos, a ver clase en carpas, mientras el Estado o las organizaciones humanitarias se concentran en la alimentación o la salud de los damnificados

.Así lo señaló el relator especial para el derecho a la educación de Naciones Unidas, Vernor Muñoz, quien aseguró que se deben redoblar esfuerzos para atender también la educación en esos momentos.

"El Relator Especial cuestiona vivamente la concentración de la ayuda humanitaria en las tres acciones clásicas (alimento, salud y abrigo), pues la asistencia humanitaria debe orientarse hacia el bienestar integral de las personas", dice Muñoz en el informe Derecho a la educación en situaciones de emergencia.

El problema, dice, es que quienes atienden las emergencias no consideran la educación como ayuda humanitaria, a pesar de que estas situaciones pueden extenderse en el tiempo.

Por eso, entre sus recomendaciones está que los donantes destinen al menos un 4,2 por ciento de lo que van a entregar de ayuda humanitaria a la atención de la educación.

Entre el 2004 y el 2007, el Ministerio de educación ha destinado 30.727 millones de pesos para reconstruir, adecuar o dotar instituciones públicas que resultaron afectadas por algún tipo de desastre natural o por efectos del conflicto.

Por esta última razón, las consecuencias van desde los daños en la infraestructura escolar hasta la deserción. En Colombia, Unicef ha dicho que el ausentismo de los niños desplazados es mayor al promedio de todo el país.

De otro lado, el sismo de Quetame, del pasado 24 de mayo, muestra cómo los esfuerzos estatales se quedan cortos. Hoy, sus estudiantes reciben clases en carpas del Ejército mientras se reconstruye la infraestructura escolar.

El Ministerio de Educación Nacional destina al menos 7 mil millones de pesos al año para reconstruir la infraestructura educativa afectada por las emergencias, pero solo en Quetame, según voceros del Ministerio, los daños en la infraestructura allí ya están por ese monto.