Más de mil millones ha pagado el Estado por daños causados por fumigaciones

Más de mil millones ha pagado el Estado por daños causados por fumigaciones

El año pasado fueron erradicadas 220 mil hectáreas de cultivos ilícitos en el país. Hay 877 reclamos en trámite ante Policía y Estupefacientes.

15 de agosto de 2008, 05:00 am

Ese es el valor reclamado por 101 familias campesinas que demostraron que sus cultivos legales fueron afectados en medio de las aspersiones contra los sembrados de coca en el país desde el 2001.

Aunque la gran mayoría de las quejas no prospera, un informe oficial de la Dirección de Estupefacientes conocido por EL TIEMPO revela que a la par del incremento de las fumigaciones se ha dado un aumento en el número de reclamos por supuestos daños.

La mayoría de 'reparaciones' se han entregado a campesinos de Caquetá, Putumayo, Antioquia, Nariño y Arauca, donde la ofensiva contra el narcotráfico ha sido más fuerte en los últimos años.

En lo corrido del 2008 ya se han asperjado 94.411 hectáreas de coca, de una meta total de 130.000, según cifras oficiales.

El mapa de los reclamos sigue la ruta de los aviones AT-802, los utilizados para derramar el glifosato sobre las matas de coca. Julio, según los datos de Estupefacientes, fue el segundo mes del año con mayor número de quejas: hubo 61.

Arauca, con 38 casos, y Norte de Santander, con 8, fueron los departamentos donde hubo más reportes. En los dos se han fumigado este año 10.537 hectáreas de coca.

En Putumayo se pagaron nueve

De las 390 quejas que ha recibido este año, la Policía ya rechazó 41 por inconsistencias. Por ejemplo, que en el predio afectado sí había coca o porque las fechas reportadas de fumigación no corresponden con los operativos realizados.

El mes pasado, después de las verificaciones de rigor, 12 reclamos que venían de meses anteriores fueron pagados, pues se confirmó que tras la aspersión se afectaron cultivos de pancoger.

En total se desembolsaron 104 millones de pesos a 12 campesinos que perdieron sus plantaciones por el glifosato, casi todos en el Valle del Guamuez, en Putumayo.

La evaluación que hacen la DNE y la Policía apunta a que las compensaciones que se han tenido que pagar por las fumigaciones son mínimas.

"Después de erradicar el año pasado 220.000 hectáreas, los daños colaterales siguen siendo marginales", aseguró un alto funcionario de Estupefacientes.

El coronel José Ángel Mendoza, director encargado de Antinarcóticos, dice que las operaciones siguen "un procedimiento técnico ajustado a parámetros que se revisan en tiempo real".

Para focalizar la caída del químico, y a pesar del riesgo de recibir disparos, los aviones no vuelan a más de 25 metros de altura sobre los plantíos de coca.

Los ciclos de aspersión se definen por el clima: de los 365 días del año, poco más de la mitad son aptos para el procedimiento porque no hay lluvias ni vientos que puedan arrastrar el químico.

Un punto clave para el Gobierno es que en ninguno de los casos se ha compensado por daños a la salud, un reclamo que se da con alguna frecuencia y que es parte de la demanda que entabló Ecuador contra Colombia en la Corte de La Haya por las fumigaciones con glifosato en la zona de frontera.

Reclaman y no aparecen

En el histórico de quejas, Putumayo aparece como el departamento donde más personas se declararon afectadas por las aspersiones. El año pasado había allí 14.813 hectáreas de coca, según el último estudio de las Naciones Unidas. Se tiene registro de 72 reclamos.

El segundo departamento con más quejas es el Meta (donde había 10.386 hectáreas cultivadas en el 2007), con 51.

El reporte sobre muchos de los casos reportados allí habla de "desistimiento tácito".

Lo que quiere decir es que a pesar de que se interpuso el reclamo, cuando las autoridades fueron a la zona a verificar no encontraron ni cultivos ni campesinos.

La Policía dice que se han detectado casos en los que los campesinos son presionados por los grupos armados para que reclamen por las fumigaciones y que, en otros casos, han encontrado que los mismos cocaleros han afectado sus cultivos legales con bombas manuales llenas de glifosato y otros herbicidas.

En este momento hay 877 quejas que están en proceso de trámite.

Lío por frontera con cultivos ilícitos

Tanto la DNE como la Policía aseguraron que la mayoría de quejas pagadas se explica porque cultivos ilícitos colindan con los lícitos, por lo que el glifosato alcanza a tocar las plantaciones de pancoger.

Otra razón es que, en algunas zonas, las avionetas que fumigan son impactadas por grupos armados irregulares y el químico empieza a derramarse en áreas que no estaban destinadas a esa actividad. Eso ha pasado en Caquetá, Putumayo y Meta, zonas donde la presencia de la guerrilla es más frecuente.

Para hacer los pagos, las autoridades tienen en cuenta el desarrollo de cultivo y la producción de la zona.

Los reclamos son verificados por delegaciones en las que tienen asiento, además de la misma Policía, el Instituto Nacional de Salud, Acción Social y el Ministerio Público, dependiendo de la situación de orden público.

REDACCIÓN JUSTICIA