Pocos dudan ya en Colombia de que nos hallamos en la fase terminal del conflicto armado interno. La desmovilización de las Auc y el desmoronamiento de las Farc y el Eln nos obligan a pensar con seriedad en los desafíos que enfrentan las naciones en los períodos de postconflicto.

Las tareas de la consolidación de la paz no se pueden improvisar. Uno de los mayores desafíos es la redefinición del papel de las Fuerzas Armadas y de Policía para esta nueva etapa. Independientemente de cuánto tiempo tome esta fase terminal, lo cierto es que Colombia más temprano que tarde deberá transformar sus Fuerzas Militares de un modelo de contrainsurgencia hacia un modelo de disuasión defensiva. Es decir, hacia unas Fuerzas Militares pequeñas, pero altamente adiestradas destinadas a disuadir a un eventual agresor externo y, ante todo, en un mundo globalizado, a participar en acciones de paz en otros lugares del mundo (tales como Haití o Afganistán).

En este nuevo escenario, de acuerdo con la experiencia internacional, el tamaño de las Fuerzas Armadas se reduce de manera significativa, salvo la Policía, que debe enfrentar a las "bandas criminales emergentes" que surgen -sin ninguna excepción- en todos los procesos de postconflicto.

En efecto, la mayor desmovilización en un país tras un conflicto es el desmonte de los aparatos armados del Estado. En muchas ocasiones, este desmonte supera en una proporción de 5 a 1 a la desmovilización de los grupos ilegales. Si un país no prepara a los miembros licenciados de las Fuerzas Militares para adecuarse a un nuevo mercado laboral, miles de estos se pueden reciclar en la vida criminal afectando la seguridad pública y generando un postconflicto con altísimas tasas de criminalidad. Los ejemplos de El Salvador y Nicaragua son muy aleccionadores.

En El Salvador, tras la firma de los acuerdos de paz en el Castillo de Chapultepec en México el 16 de enero de 1992, se inició una honda reestructuración de las Fuerzas Armadas. El 70 por ciento de sus miembros fueron licenciados en poco tiempo. Tras los acuerdos de paz, 21.000 soldados fueron licenciados e indemnizados. Al poco tiempo, se disolvieron tres cuerpos de seguridad pública que dependían de las Fuerzas Armadas (la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de Hacienda), y en los meses siguientes, tres Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (los batallones General Eusebio Bracamonte, Atlacatl y General Manuel José Arce), que contaban con más de diez mil efectivos.

Este licenciamiento masivo e improvisado lanzó a miles y miles de jóvenes hacia bandas criminales como una opción de vida.

En el caso de Nicaragua, el panorama fue muy similar. Tras el triunfo de Violeta Chamorro en las elecciones de 1990, en las cuales de manera sorpresiva derrotó en franca lid a Daniel Ortega, esta no solamente firmó los acuerdos de paz con la Contra (19 de abril de 1990), sino que licenció a la inmensa mayoría del Ejército y la Policía sandinistas. De la noche a la mañana, más de 70 mil miembros de estas dos instituciones se encontraron en la calle. Y, ante el incumplimiento de las promesas de tierra y crédito, surgieron los "recontras" y los "recompas", que ahogaron en sangre al país de Sandino durante más una década.

Desde mi perspectiva personal, es indispensable comenzar a enviar -sin afectar los requerimientos de la política de seguridad democrática- grupos de soldados profesionales, suboficiales e, incluso, oficiales a cursos en el SENA u otras instituciones de formación laboral o universitaria para comenzar a prepararlos para el mercado laboral que deberán enfrentar en un próximo futuro. Así mismo, es importante pensar en proyectos productivos, bancos de tierras, créditos, etc. En una palabra, un mercado de oportunidades atractivas para millares de jóvenes en edad laboral para evitar que sean atraídos por bandas criminales ligadas al narcotráfico o a las oficinas de cobro.