El estudio sugiere castigar con impuestos, peajes y seguros al carro particular y gravar la propiedad del suelo con plusvalías e impuesto predial progresivo.

El Informe de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas 'Bogotá, una apuesta por Colombia' también recomienda gravar a quienes contaminen y congestionen la ciudad.

El estudio resalta los avances logrados por la ciudad en los últimos 15 años, que la han preparado para mitigar los efectos del conflicto armado mientras dure, pero advierte que la capital es una urbe segregada, que no mezcla pobres y ricos.

Esta separación está impulsada por el ingreso -el de una familia rica es 30 veces más alto que el de una pobre-, pero mucho más por el costo de la vivienda, que cada vez arrincona más a los estratos bajos en las zonas periféricas.

Mientras los más pobres gastan el 24,7 por ciento de sus ingresos en vivienda, los más ricos destinan el 16 por ciento. Lo mismo ocurre en servicios públicos: los estratos bajos gastan el 10 por ciento y los altos el 5,5 por ciento.

Esos estimativos, basados en la encuesta de calidad de vida del 2007, indican que, después de sumar impuestos (nacionales y distritales) y restar subsidios, una familia pobre dispone, en promedio, de 391.447 pesos para cubrir sus gastos de salud, educación, transporte, alimentos, vestuario, vivienda, servicios públicos y cultura, mientras una rica puede llegar a contar para los mismos gastos con 12'957.700 pesos.

Servicios gratuitos

Aunque el informe reconoce que la manera directa de mejorar el ingreso de las personas es el estímulo del empleo, advierte que esa brecha obliga al Distrito a bajar los gastos de los más pobres con alivios en las tarifas de servicios públicos, en el valor de la vivienda y en los costos del transporte.

"Bogotá -advierte el informe- debería ir pensando en ofrecer un consumo mínimo gratuito" en servicios públicos a las personas de menores ingresos. Sería un consumo de subsistencia que en acueducto y gas natural es de 20 metros cúbicos y en energía eléctrica 147 kilovatios-hora.

El IDH propone financiar ese consumo con parte de las ganancias de las empresas, y para evitar una cultura del no pago, sugiere cobrar los metros cúbicos y kilowatios adicionales de consumo y cortar el servicio a quien no pague.

Medidas como esa, dice el informe, permitirían que los hogares de estratos bajos liberen ingresos para mejorar sus condiciones de vida, salir del nivel de subsistencia básica y acceder a otros bienes, como la cultura.

Hay que gravar el suelo

El estudio reconoce que Bogotá ha aprovechado razonablemente bien las fuentes financieras tradicionales (impuesto predial, Ica y sobretasas), pero le ha faltado "voluntad política" para cobrarles plusvalía a los dueños de la tierra. Y el futuro financiero de la ciudad -advierte- está atado a la riqueza del suelo.

Por eso propone modificar el cobro del impuesto predial para que se cobre según los metros de construcción: 5 por mil para los primeros 100 metros; 8 por mil para los siguientes 100, y así sucesivamente.

El IDH considera que Bogotá debe trabajar de la mano con la Nación y con los municipios vecinos y promover proyectos de inversión con el sector privado, al que debe ofrecerle incentivos para fomentar el empleo y la vivienda de interés social.

Sobre todo le pide no olvidar que el principal reto es utilizar su liderazgo para garantizar una adecuada distribución de cargas y beneficios para reducir la brecha social que separa a ricos y pobres.

Inmovilidad impacta el desarrollo humano urbano

El IDH considera insosteni ble el actual sistema de transporte urbano que genera ineficiencia e impacto en las tarifas del servicio, cuyo costo asumen las personas de ingresos más bajos.

Recomienda castigar duramente al carro privado con impuestos
altos, peajes y seguros. "Una medida de esta naturaleza -dice el IDH- tendría varias ventajas: mejorar los ingresos del Distrito, que se pueden utilizar para subsidiar el transporte público, reducir la congestión, acelerar la movilidad, disminuir la contaminación y favorecer la lucha contra el calentamiento global".

Propone cargas para quienes contaminen -con gases o con ruido- y para quienes parqueen en bahías e ingresen a zonas de congestión como el centro. Sugiere subir el impuesto al registro de taxis para desincentivarlos.

Esa política debe ir acompañada de la consolidación de un Sistema Integrado de Transporte que integre a TransMilenio, el transporte público colectivo, el metro y el Tren de Cercanías.

Los efectos del conflicto armado

Bogotá está amenazada por mafias y criminales rasos y profesionales, muchos de los cuales son el efecto del conflicto armado del país que, según el IDH, replica formas de dominio y criminalización de guerrilla, paramilitares y narcotraficantes.

"Bogotá -dice el IDH- está en las 'grandes ligas' de la criminalidad organizada", con mafias que "controlan prostíbulos, sanandresitos o mercados de abasto". Deben enfrentarse con manejo estatal sobre actividades ilegítimamente controladas.

El informe propone grupos especiales e inteligencia para enfrentar a criminales profesionales (bandas dedicadas al paseo millonario, el robo de apartamentos, el asalto a bancos, lavado de activos y procesamiento de drogas - 'ollas').

Sobre los criminales rasos -dedicados actividades como el raponazo- propone la prevención por los altos costos que tiene en la percepción de inseguridad y el desgaste para la justicia.

Cómo se mide el índice de Desarrollo Humano

El IDH se mide con base en el ingreso de los hogares después de pagar impuestos y restar subsidios; la sobrevivencia de menores de 1 año; la movilidad y el uso de equipamientos y la educación.

Bogotá no se puede seguir 'comiendo' a la Sabana

Bogotá no se puede seguir expandiendo a costa de municipios vecinos y debe ayudarlos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y desactivar conflictos sociales como el de Soacha.

La ciudad, en capacidad de mitigar la pobreza

Bogotá puede ofrecer las condiciones para que nadie se acueste con hambre. Una persona sin recursos que llega tiene mayor posibilidad de salir de la pobreza que en cualquier otra ciudad.

Defender interés general de los poderes fácticos

Impedir que constructores, empresarios, vendedores ambulantes o comerciantes organizados, propietarios de talleres o conjuntos residenciales invadan el espacio público por necesidad o lucro.

Hay que retener a jóvenes en el sistema educativo

De las 321 instituciones de educación superior del país, 106 están en Bogotá. Sin embargo, solo el 11 por ciento de los bachilleres de colegios locales tiene acceso a la educación superior.

YOLANDA GÓMEZ TORRES
REDACCIÓN BOGOTÁ