Los pasivos, que sobrepasaban los 60 mil millones de pesos, eran algunas de las anomalías en la entidad de salud, que, literalmente, tenían trasnochado al gobernador Andrés González.

Enfermeras que no llegaban a cumplir con sus respectivos turnos, nómina paralela de 400 empleados, pago de prebendas a trabajadores como primas de 'pescado' y hasta de 'clima', pacientes que debían acostarse en camas con sábanas rotas tenían a ese hospital debatiéndose entre la 'vida' y la 'muerte' y la última palabra para sacarlo de ese 'coma profundo' la daba él.

Por eso, fueron innumerables los diagnósticos a los que fue sometida la institución. Sin embargo, la decisión era una: o se daba la 'pela' reestructurándolo, es decir, metiéndole un paliativo a ese 'cáncer financiero' que lo carcomía; o lo liquidaba, lo que significaba 'meterse la mano al bolsillo' para saldar todas sus deudas y empezar de cero.

La decisión

Finalmente, el pasado viernes 25 de julio, el Gobernador González firmó el decreto 0141 a través del cual ordenó la liquidación del centro hospitalario.

Así, la administración departamental puso sobre la mesa 23 mil millones de pesos, el Gobierno Nacional aportó otros 33 mil millones y el Hospital se comprometió a recoger, por lo menos, 8 mil millones de pesos de cartera vencida, para reunir los 64 mil millones de pesos de pasivo por deudas laborales y a proveedores que estaban carcomiendo al hospital desde hacía cuatro años.

Ya con el decreto solo faltaba un paso: hacerlo oficial. Así el sábado 26 de julio, a las 8:00 p.m., un operativo sorpresa, en cabeza de Soraya López, secretaria de Salud, en el que además estuvieron la Defensoría, la Procuraduría y la Policía dio fin a más de cuatro años de despilfarro y politiquería en el San Rafael.

Culpables de la crisis

El desangre comenzó durante la administración de Ernesto Páramo, que para la secretaria de salud departamental, fue la debacle.

De igual forma piensan algunos usuarios. "Esto se veía venir y se presentó durante la administración de un doctor Páramo y con la complicidad del tal Yiyo", dijo un usuario, que pidió omitir su nombre.

Para nadie es un secreto que Julio Eduardo Riveros, más conocido como 'Yiyo', quien estuvo por varios meses con la casa por cárcel por irregularidades en contratos, era el representante del gobernador Pablo Ardila, hoy detenido en La Picota, ante la junta de hospitales de Cundinamarca.

Así en menos de cuatro horas, y sin traumatismos, no sólo se hizo oficial la liquidación del hospital, que en mayo del 2007 había sido intervenido por la Superintendencia de Salud, sino que además, Caprecom tomó temporalmente el control del hospital.
"Encontramos demasiadas anomalías, entre ellas, que además de los 400 empleados de nómina, tenía una nómina paralela de otros 400 empleados, los trabajadores de planta tenía prebendas como prima de 'pescado' y hasta de 'clima'. El hospital se estaba desangrando", dijo López.

A eso se suma que había personal médico que no llegaba a los turnos establecidos, pero si hacían sus respectivos cobros. Esa anomalía la pudieron detectar el mismo día del operativo cuando se percataron que seis enfermeras que debían entrar al turno de la noche no llegaron y los pacientes estaban, prácticamente, desamparados.

Eso llevó a Caprecom a hacer de inmediato un plan de contingencia para atender las necesidades del centro de salud.

Así mismo, encontraron un menor de edad que estaba al borde de la muerte porque no le habían autorizado una diálisis, cuatro salas de cirugía, de las cuales sólo funcionaba una y lo peor, ninguna clínica quería recibir pacientes remitidos de esa institución porque hacían los procedimientos sin que fueran autorizados por las respectivas EPS.