El título de esta columna anuncia respuesta a uno de los libros más interesantes de nuestro tiempo, aquel de Terry Eagleton que se llama Terror santo. Nadie remitiría a duda que las más catastróficas expresiones del terror contemporáneo afincan sus raíces en la pésima concepción del islam, que arrastra niños y mujeres hasta el sacrificio de sus vidas y de tantas vidas ajenas, aparentemente en busca del Paraíso y obedeciendo en verdad a pasiones mucho más bajas y a detestables oportunismos políticos. Nadie negaría, igualmente, la proposición de que el terror que Colombia padeció en los últimos 30 años tiene comunicación con el partido Comunista, con sus seguidores en armas y sus justificaciones absurdas. Pero en lo que no se repara suficientemente, es que el terror santo y el terror político están brotando de una misma fuente, que es la mafia narcotraficante. El opio de Afganistán tiene en llamas el Oriente. La cocaína de Colombia incendia casi toda América.

Extinguidas las guerrillas soviéticas o maoístas de Latinoamérica con la caída del muro de Berlín, para algunos resultaba misteriosa la supervivencia de las guerrillas colombianas. El misterio se resolvía al comprobar que pudieron suplir, y con creces, el respaldo económico que les entraba por Cuba con el dinero del narcotráfico. Así de sencillo.

Todos los grupos terroristas de Colombia vivieron alimentados, pues, por un solo combustible que era la cocaína. Así lo descubrió y se lo propuso al mundo el presidente Uribe, cuando resolvió enfrentarlos con la fuerza legítima del Estado, en una guerra cuyos efectos Colombia admira y bendice. Pero ahora, cuando estamos en el fin del fin de las Farc, como hace rato había llegado el de las Autodefensas, la bestia ha vuelto a rugir y a mostrar sus garras, casi intactas.

No comprenderemos jamás por qué el gobierno del presidente Uribe debilitó la lucha contra el narcotráfico. El Consejo Nacional de Estupefacientes, integrado por seis ministros, el Fiscal, el director del DAS, el de la Policía y el Procurador, dejó de reunirse, y cuando no hay más remedio que convocarlo, el Ministro del Interior hace lo suficiente para constituir quórum con mandos medios sin capacidad decisoria. Así murió la lucha contra el narcotráfico como política de Estado.

La Dirección Nacional de Estupefacientes, sacrificado el coronel Alfonso Plazas por el ministro Pretelt, quedó reducida a una mala administradora de bienes ajenos. La tarea de perseguirlos, denunciarlos, impulsar los procesos de extinción de dominio y hacerlos culminar, pasó al olvido. El Fiscal, feliz con el hallazgo, organizó un monumental desorden, lleno de procesalismo, que arruinó la eficacia del sistema. Cuando se aspiraba a conseguir por esa vía, en término muy breve, un inventario de dos o tres millones de hectáreas disponibles para una inmensa reforma agraria, la operación se atoró en aquel pantano. Ganaron los narcos.

Quedaba la erradicación de cultivos ilícitos, elemento clave para la victoria final. Pues sin que sepamos por qué, con todo en la mano para ganarla, la superficie sembrada de coca se mantuvo intacta y en el último año, vaya sorpresa, aumentó en un 30 por ciento. Como en tiempos muy viejos, por la mala noticia se sacrificó al mensajero que la trajo. El Gobierno revocó el contrato llamado Simci, celebrado con las Naciones Unidas, porque era imposible que ese fuera el resultado. Pero los satélites no se equivocan cuando toman las fotografías. Ni se dejan sobornar, ni pertenecen a la oposición. Ocurre simplemente que a la Policía le quedó grande la tarea, o que está ocupada en otra cosa, o que al Ministro del Interior el asunto lo trae sin cuidado.

Estamos en el fin del fin de la guerra. Y si nos descuidamos, en el principio del principio de otra nueva. La primera nos cogió de sorpresa y nos ganó de mano. Por la que empieza no tendríamos perdón.