1. Cortes pierden facultades en procesos de congresistas.

Argumentando el principio universal de la doble instancia, el Gobierno plantea cambios de fondo a los procesos contra los congresistas, tanto los penales como los de pérdida de investidura.

Actualmente, en los procesos penales la investiga- ción y el juicio, en única instan- cia, los desarrolla la Sala Penal de la Corte Suprema. Por una reciente decisión de la Corte Constitucional, el Congreso debe expedir una ley que separe, en la misma Corte Suprema, la investigación del juzgamiento.

El Gobierno plantea que la investigación la haga la Fiscalía y que los casos los decida en primera instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Las apelaciones irían a la Sala Penal de la Corte Suprema.

En los casos de pérdida de investidura, en los que la única instancia es el Consejo de Esta- do, el Tribunal Administrativo de C/marca sería el primer juez.

2. Altos tribunales elegirían a todos sus miembros.

El Gobierno plantea que la elección de los magistrados de todas las cortes se quede exclusivamente en la Rama Judicial a través del sistema de cooptación (elección interna) que se proveería por concurso. Actualmente los concursos se están realizando. Así pasó en la reciente elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El cambio se sentiría, especialmente, en la elección de magistrados de la Corte Constitucional, que son definidos por el Senado de ternas enviadas por el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

Según el Ministro del Interior y de Justicia, este sistema fortalecería la carrera judicial y evitaría suspicacias.

Magistrados consultados por EL TIEMPO expresaron su temor de que el cambio en la selección se refleje en el anquilosamiento de las cortes y que se dé el llamado 'clientelismo judicial'.

3. Congresistas serían intocables para Procurador.

El borrador plantea que la terna de Procurador saldría exclusivamente de mano del Presidente de la República (hoy ternan también la Corte Supre- ma y el Consejo de Estado).

Aunque en el texto aún no aparece, el período del Procura- dor, el Fiscal y el Contralor pasaría de cuatro a ocho años.

El Gobierno, en la exposi- ción de motivos del proyecto, se declara partidario de que el Procurador no tenga compe- tencia "para investigar y juzgar disciplinariamente a los miem- bros del órgano que lo escogió", esto es, el Congreso en pleno (hoy lo elige el Senado). Una reciente iniciativa que pretendía quitarle a la Procuraduría la facultad disciplinaria sobre los congresistas fue catalogada como un 'mico' y se hundió.

Las cortes se apartarían de la elección de Contralor y Regis- trador, que quedarían exclusiva- mente en manos del Congreso.

4. Golpe a la Judicatura.

El Gobierno propone que la Sala Administrativa de la Judica- tura la conformen los presiden- tes de las tres cortes y tres magistrados más, a la vez representantes de cada tribunal.

Según el Gobierno, la actual Sala no refleja las necesidades y el sentir de la Rama. Además, insiste en el nombramiento de un 'gerente' "con funciones detalladas en la ley". Habría también un delegado del Gobierno con voz, pero sin voto.

La propuesta, que les suena a algunos de los actuales miembros de las cortes, ha sido recibida con reservas por analistas y por magistrados que advierten que el manejo de la Rama y de su presupuesto suponen una dedicación de tiempo completo por todos los miembros de la Sala.

Además, aseguran que se corre el riesgo de revivir viejas prácticas clientelistas en las cortes, en lo que toca con el manejo de los distritos judiciales.

5. 'Zanahoria' a magistrados.

El proyecto incluye varios puntos que podrían ser llamativos para algunos miembros de las cortes.

Así, amplía el período de los magistrados de ocho a 12 años, aunque proscribe el llamado 'carrusel' entre una corte y otra.

También amplía la edad de retiro de 65 a 70 años. No se aclara
qué pasaría con los ac- tuales magistrados (si su período se afectaría o no por los eventuales cambios).

A los miembros de las salas disciplinarias de la Judicatura en cada departamento les darían la primera instancia en los casos de los diputados (sería otra facultad que perdería la Procuraduría).

Se propone eliminar la cuestionada Comisión de Acu- sación y pasarle sus facultades de investigar a la Fiscalía. Además, que la Sala Discipli- naria de la Judicatura no revise acciones de tutela, algo que pa- sa hoy y que ha incomodado a la Corte Suprema.

Voces encontradas sobre la propuesta de reforma

"Debe agregarse algo y es que debe ser en el marco del sistema acusatorio".
Jaime Bernal, ex procurador general.

"Trasladar la función al Tribunal es restar importancia al juzgamiento de funcionarios"
Jesael Giraldo, Cons. Superior de Judicatura

"El Tribunal goza de calidades y de allí saldrán propuestas para seguir el proceso".
Efraín Cepeda, jefe del conservatismo.

"Es absurdo que el gobierno pretenda reformar la justicia cuan- do funciona bien".
Juan F. Cristo, senador liberal.

"Es una retaliación contra la Corte y un salvamento
a congresis- tas amigos del Gobierno"
Gustavo Petro, senador del Polo.