El presidente Uribe ha vuelto a tensar las cuerdas del ordenamiento político e institucional. Esta vez, el disgusto causado por la decisión de aumentar las tasas de interés, tomada por la Junta Directiva del Banco de la República, ha llevado a que el Presidente califique de antidemocráticas esas decisiones. "Ninguna institución en Colombia puede estar tomando decisiones sin oír al pueblo colombiano; son instituciones con independencia constitucional, pero son instituciones que todas se deben al pueblo", ha dicho Uribe en un consejo comunal en Juan de Acosta (Atlántico).

En una coyuntura en la que la desaceleración de la economía no ha mitigado la presión alcista de los precios y las expectativas de inflación -lejos de disminuir- crecen, no es difícil entender por qué la Junta del Banco decidió aumentar las tasas de interés. Pese a que su efecto sobre el consumo no es inmediato, un aumento de 0,25 puntos básicos, como el decretado, es clave para quebrar las expectativas inflacionarias en los agentes económicos.

Lo que el Presidente no reconoce es que el Banco tiene como misión constitucional luchar contra la inflación. Y que ha tomado esa decisión, en parte, forzado por las presiones externas de los mayores precios internacionales de combustibles y alimentos, y en parte, porque el Gobierno no solo se resiste a bajar los aranceles de los alimentos, sino que tampoco toma la decisión de reducir drásticamente el gasto público. Pese a que los aranceles están concentrados en unos alimentos (que son los mismos de la canasta familiar) y que el gasto del Gobierno tiene un peso limitado en el total de la demanda, una reducción significativa en ambos frentes contribuiría a disminuir las presiones sobre la tasa de cambio y la tasa de inflación.

El problema está en que el Gobierno y los empresarios están pensando en lo inmediato. Ante la disyuntiva de inflación o crecimiento, creen que es mejor mantener las ventas hoy que una alta inflación mañana. Por eso defienden las bajas tasas de interés. No aceptan que, a mediano plazo, la inflación afecte el poder adquisitivo de los compradores y aplaste cualquier expectativa de crecimiento futuro. Allí es donde la decisión del Banco adquiere toda su importancia. No solo está pensando en el largo plazo, sino que está dando una señal clara a los mercados: no está dispuesto a ceder a una espiral inflacionaria y para lograrlo va a hacer lo que sea necesario.

No estamos ante una pelea de poderes, en la que el Banco busca hacer valer su independencia contrariando los deseos del Presidente. Estamos ante una situación en la que, si las autoridades monetarias no reaccionan adecuadamente, el modelo constitucional que rige la economía se quiebra.

El Presidente ya está aportando su granito de arena a la quiebra. Con su llamado a que "oiga al pueblo", Uribe está desconociendo que el Banco de la República fue creado en la Constitución como una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica (artíclo 371). Y que ese origen constitucional proviene del propósito explícito de separar el manejo económico de las vicisitudes políticas y la debilidad institucional que introduzcan los gobiernos populistas en las economías.

Las instituciones están para moldear los comportamientos de gobernantes y gobernados, de manera que pueda preservarse un orden mínimo de convivencia y prosperidad, pero no para acomodarse a los deseos de poder de unos y a los caprichos y la intolerancia de los otros. Si las autoridades del Banco cedieran a las presiones del "pueblo", en Colombia estaríamos emprendiendo el tránsito de un régimen democrático a un régimen plebiscitario, en el que no valen mediaciones, ni formas de representación política. Lo único que cuenta es la relación directa entre gobernante y gobernados. Es el régimen cesarista, en el que, al no existir mediaciones políticas, el gobernante es el único capaz de reconocer los deseos del pueblo, de manera que oír al pueblo, siempre será oír al César.