Frena el tráfico de influencias de cualquier persona y relaciona el testaferrato con delitos contra la administración pública que involucren actos de corrupción.

Entre ellos estarían el peculado, el cohecho y la concusión.

La iniciativa, de autoría del senador de Cambio Radical Rodrigo Lara, quiere poner a tono a Colombia con la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción.

Lara explicó que el proyecto busca fortalecer la normatividad existente y llena los vacíos que hay en la legislación.

Contempla también sanciones a las personas jurídicas cuando la conducta punible sea cometida por el órgano de representación de la entidad.

También se quiere cerrar la 'puerta giratoria' para impedir que los altos funcionarios del Estado que pertenecen a la rama Ejecutiva, salgan del cargo y se vinculen de inmediato al sector privado en áreas donde han tomado decisiones.

"Esto asegura que las decisiones públicas no sean influenciadas por posibles beneficios, o que la información obtenida por un funcionario público en su paso por la administración, se utilice de manera inadecuada", dijo Lara.

Anotó que otra propuesta en este sentido "es prohibir que familiares de altos funcionarios de la rama jurisdiccional y de la organización electoral se vinculen al Ejecutivo".

Se crearía un sistema de protección de funcionarios que denuncien a los corruptos y se implementaría la expedición de un Certificado Único de Antecedentes, que tendría información disciplinaria, fiscal y penal de las personas, el cual sería administrado por la Procuraduría.

El certificado, dijo Lara, lo exigirían las entidades públicas que vayan a hacer nombramientos o contratos estatales, y para los candidatos a las gobernaciones y alcaldías.

La iniciativa plantea que se amplíe el límite de la prescripción para los delitos contra la administración pública, a 30 años; para la Acción de Repetición, a 10 años, e igualmente para la responsabilidad fiscal y para la acción disciplinaria.

Apoyo y críticas

Lara reconoció que no le ha enviado el proyecto al Gobierno, pero dijo: "No veo argumentos para que se oponga".

El zar anticorrupción, Óscar Ortiz, calificó el proyecto como "oportuno", por el liderazgo que Colombia tiene en la ONU en la aplicación de un proceso piloto para la implementación de la convención.

Ortiz reconoció que estas propuestas "ayudan a que la cosa pública deje de ser cossa nostra, con criterio mafioso de los corruptos que pretenden cuadrar caja para toda la vida".

Dijo, sin embargo, que el proyecto tiene vacíos que pueden ser enriquecidos, como lo referente a los temas de mecanismos de prevención.

No obstante, algunos sectores congresionales y expertos consideran que el mayor problema para atacar la corrupción es la no aplicación de la normatividad existente.

El ex procurador Jaime Bernal dijo que "no se puede seguir con esta inseguridad jurídica (...) se debe hacer un inventario y seguimiento a las normas para determinar la legislación que más conviene".

El senador del Polo Democrático Parmenio Cuéllar, señaló que "lo importante es que la normatividad sea eficaz (...) se expiden normas que no logran el objetivo de atacar la clandestinidad, que es la principal arma de la corrupción".