"La lectura general ciudadana y en el contexto internacional es que es una reacción contra la Rama Judicial por los importantes procesos que ha implementado", dice el magistrado Jesael Antonio Giraldo

En entrevista con EL TIEMPO, agrega que la reforma es "más inoportuna aún cuando se dice que hay que cambiar la forma de hacer las listas de las altas cortes, porque esto conduce a una subvaloración o a una descalificación injusta e inmerecida de los magistrados. Por primera vez en la historia la Corte Suprema está completamente al día, lo que demuestra que la Sala Administrativa ha seleccionado a los mejores hombres".

Asegura que la propuesta "sorprendió, porque hace menos de un año el Congreso archivó un proyecto de reforma constitucional muy parecido al que ha sugerido el Gobierno, y por argumentos poderosos. Por ejemplo, que no había estudios sociológicos, científicos que demuestren que se necesita una modificación de la estructura del Estado. Y es más sorpresiva porque la propuesta que se presenta sobre la Sala Administrativa es la sustitución de una sala de juristas que provienen de la Rama Judicial por otros juristas que también provienen de la Rama.

Es decir, es sustituir una sala constituida por abogados y magistrados por otra sala también integrada por magistrados, lo que en principio no tendría sentido. No tiene sentido la sustitución de un modelo por otro igual. Menos aún cuando el modelo que se quiere cambiar ha dado resultado".

EL TIEMPO: Algunos sectores dicen que no se ha hablado de una reforma a la Justicia como tal, sino a la manera de manejar el poder en la Justicia...

MAGISTRADO JESAEL ANTONIO GIRALDO: La reforma que se necesita no es una reforma de los aparatos de justicia. Lo que necesitamos es una reforma para que las leyes y las normas resulten eficaces, que haya acceso del ciudadano. Eso no depende de la estructura, sino de otros factores: una cultura del cumplimiento del respeto a los derechos; una apropiación presupuestal suficiente para dar una respuesta oportuna a la demanda de justicia; hacer de la justicia una verdadera prioridad...

El verdadero problema de la justicia es el acceso de los ciudadanos a ella. Esta no es una propuesta de reforma para el ciudadano, no lo beneficia. Es una reforma que tiene que ver con la recomposición de los altos poderes del Estado, que para mí están marchando bien.

La eliminación de la Sala Administrativa

Giraldo es la cabeza de la sala que el Gobierno propone eliminar en su proyecto de reforma a la justicia. El texto final de la propuesta estaría este lunes en manos de los presidentes de las altas cortes.

¿Por qué el Gobierno quiere reformar la Judicatura?

No sabemos, porque el Gobierno no ha oficializado la propuesta. Lo que se pretende es crear es un organismo exactamente igual a lo que hay, una sala de juristas con un equipo técnico, con la diferencia de que esa sala no sería integrada por miembros independientes de las cortes.

¿Los tres presidentes de las cortes y el 'gerente' de la Rama Judicial que nombrarían no podrían hacer lo que hace la Sala Administrativa?

Imposible. Si seis magistrados de alto nivel, con Consejos de la Judicatura seccionales, con un equipo técnico muy fuerte, tienen grandes limitaciones para hacer frente a los requerimientos de la justicia, es imposible e inimaginable que los magistrados de las cortes puedan, sin una dedicación exclusiva, cumplir esa función. No vemos cómo se les puede entregar esa carga a las cortes.

¿No puede interpretarse que la Judicatura se niega al cambio solo por defender su poder? Son varias las voces que la señalan de ineficiente y burocrática...

El Consejo de la Judicatura fue muy deslegitimado, incluso por el mismo Poder Judicial, que en su momento vio disminuidas sus potestades: ya no podían elegir libremente, sino que debían someterse a un concurso.

Hay desconocimiento de lo que hace el Consejo Superior de la Judicatura: Hemos hecho 10 o 12 concursos de jueces y magistrados, mientras que algunas entidades creadas con la Constitución del 91 hasta ahora van a hacer el primer concurso. Es el caso, por ejemplo, de la Fiscalía. El 92 por ciento de nuestros funcionarios judiciales son de carrera. Hemos construido, desde que nació la Judicatura, 350.000 metros cuadrados de infraestructura judicial...

¿El poder presupuestal (1,2 billones de pesos anuales) y de personal de la Judicatura genera recelos?

En gran parte sí. La Judicatura administra el presupuesto de la Rama. Pero además esto, que genera algún poder, tiene todo el gobierno de la Rama. El hecho de tener el gobierno en un organismo independiente, autónomo del Ejecutivo y del Legislativo, genera muchas resistencias. Y por supuesto ataques.

Se puede vislumbrar un afán de concentración de poder por parte del Ejecutivo. (...) Lo primero que hizo el presidente Chávez fue suprimir la Judicatura y entregarle la administración y el gobierno de la justicia a la Corte Suprema, elegida por la Asamblea Nacional, con un cuerpo técnico como el que se propone en Colombia. Y ha sucedido con otros regímenes presidenciales. El ciudadano tiene que estar alerta de qué es lo que se pretende. En una encuesta reciente de EL TIEMPO se decía que los ciudadanos querían fortalecer la Rama y no debilitarla.

¿A qué se refiere?

En todos los países donde ha habido concentración de poder, la autonomía e independencia de los organismos judiciales han sido disminuidos, bien sea a través de la limitación de los presupuestos o bien interviniendo la selección y el reclutamiento de jueces y magistrados.

Acabar con el Consejo de la Judicatura y entregarle el gobierno y administración de la Rama a otra institución podría conducir a una limitación severa de la independencia de la justicia. No hay razones de fondo para los cambios.

¿Cuáles, según la Judicatura, son los riesgos si desaparece la Sala Administrativa?

El primer riesgo es la pérdida de autonomía e independencia. El segundo es el colapso de todo el sistema y los programas que durante 16 años se vienen ejecutando, porque esa no es una labor de un día para otro. Y tercero, una pérdida de eficiencia y eficacia.
Hemos ganado mucho en la profesionalización de la función judicial. Hemos valorizado de manera evidente y palpable la función jurisdiccional de Colombia.

Relaciones con el Ejecutivo

¿Cómo están las relaciones entre la Judicatura y el Gobierno?

La relación con el Ejecutivo siempre ha sido respetuosa. Estamos convencidos de que el Gobierno puede plantear cualquier reforma que considere oportuna, que el Congreso tiene esa función constitucional de hacer las reformas. Y nosotros somos respetuosos de esas competencias.

¿Está de acuerdo con la segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia?

La primera y segunda instancias se deben buscar al interior de la Corte. Bien puede crearse una sala penal de primera instancia, que no le resultaría muy costoso desde el punto de vista económico al Estado y sí resultaría muy rentable desde el punto de vista social y de legitimidad para la institucionalidad en Colombia.

Creo que la idea de trasladar la función al Tribunal Superior de Bogotá es restarle importancia al juzgamiento de los altos funcionarios. Tampoco estaría mal que la Sala Plena sea una segunda instancia, pues las especialidades diversas conducen a que se tenga una visión mucho más amplia de los hechos.

¿Le suenan las propuestas de aumentar el período y la edad de retiro forzoso de los magistrados?

Sería un desacierto porque hay una política pública del Estado de buscar la renovación generacional. Si se amplían los términos puede darse el anquilosamiento de la justicia.
Quienes hemos estado por muchos años en la Rama, donde se maneja un gran volumen de trabajo, enormes niveles de estrés, sabemos que a los 65 años ya tenemos fatiga judicial.

ANDRÉS GARIBELLO
REDACCIÓN JUSTICIA