La tesis que defenderán es que la actividad del narcotráfico con la que se financiaron los 'paras' tiene relación directa con los desplazamientos, las masacres y las ejecuciones extrajudiciales.

Las dos abogadas defenderán a 12 víctimas de siete de los jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos.

Las apoderadas de las víctimas, Roxanna Althoz y Almudena Bernabeu, contaron ayer detalles de las razones que les expondrán a las autoridades estadounidenses para comprobar que sus defendidos fueron víctimas directas de los paramilitares.

"La cúpula ha reconocido que el 70 por ciento de sus acciones fueron financiadas por el narcotráfico y estas operaciones consistieron en masacres, ejecuciones extrajudiciales, entonces las víctimas son víctimas directas de los delitos por los que están siendo acusados en Estados Unidos", dijo Roxanna Althoz.

De reconocerse este argumento, podría entonces aplicarse la legislación estadounidense sobre los derechos que tienen las víctimas de crímenes. Esto significa que deberían ser notificados sobre sus derechos, les daría la posibilidad de ser informados sobre los procesos, ser consultados sobre los acuerdos en los que estén trabajando los procesados, podrán participar en las audiencias públicas y ser escuchados.

"Nosotros vamos a hacer todo lo posible por lograr que esta legislación se aplique a los casos de los extraditados, a favor de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos que fueron financiados con las ganacias del narcotráfico", explicó Althoz. De no ser así, recurrirán a recursos administrativos y judiciales.

Otra de las preocupaciones de las juristas, que representarán a víctimas de Mancuso, 'Jorge 40', 'Don Berna', Hernán Giraldo, 'Macaco', Eduardo Enrique Vengoechea y Guillermo Pérez Alzate, son los preacuerdos a los que habrían llegado tanto 'Don Berna' como el propio Mancuso y la posibilidad de que sean incluidos en un programa de protección a testigos.

"No se sabe si han salido del proceso de Justicia y Paz y si, por otra parte, los beneficios también siguen vigentes. Ese es un poco el peligro de que efectivamente no se tenga ni una cosa ni la otra, y no se obtengan las declaraciones, porque no hay mecanismos concretos de cooperación entre las dos justicias que se estén llevando a cabo", dijo Almudena Bernabeu.

Sobre el mismo tema, Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, dijo que dieron el paso de recurrir a la justicia internacional porque les preocupa que no se esté viendo de manera efectiva la colaboración judicial.

"Quiero decir que ya se ha dicho dos veces que los jefes 'paras' o por lo menos uno de ellos iba a presentar declaraciones a través de medios audiovisuales desde Washington y estas declaraciones no se han producido- afirmó Cepeda. Nos inquieta que la Fiscalía todavía no haya hecho una petición formal con respecto a las declaraciones de Mancuso".

Y aseguró que el poder que les entregaron a estas abogadas hace parte de la estrategia de la víctimas para afrontar los procesos luego de la extradición de los jefes 'paras'.

"Comenzamos un proceso que nosotros no quisimos emprender. Nosotros le dijimos al Gobierno que dejara a estos jefes aquí en Colombia, el Gobierno optó por otra vía y por eso hoy nosotros estamos optando por la justicia internacional", explicó Cepeda.

Las abogadas han sostenido reuniones con la Sala Penal de la Corte Suprema, con la Fiscalía y lo harán también con víctimas y con las asociaciones de víctimas.