"El interés propio está representado en el hecho de que con la celebración de los contratos referenciados el demandado cumplía en parte la misión encomendada por medio del poder y ello le habilitaba a recibir la remuneración correspondiente, y que los terceros interesados en este caso son La Previsora que lo contrató para que cumpliera ese encargo y el Gobierno Nacional que decretó la liquidación de Adpostal", aseguró el Ministerio Público.

En la solicitud de la pérdida de investidura para el concejal, la Procuraduría argumenta la ley 617 de 2000, que dice que: "Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio".