Un conjuez del alto tribunal determinó que no había motivos para tomar esa medida. Sin embargo, el trámite de la demanda contra la implantación de este formulario continuará.

"Para suspender provisionalmente la resolución debe haber una flagrante violación de la Constitución y para el conjuez no hay tal", manifestó una fuente del Consejo de Estado.

El conjuez determinó los siguientes puntos:

1. No hay duda que existen los tributos con fuente legal.

2. La Seguridad Social Integral comprende la Seguridad Social en Salud y Pensiones.

3. En materia de pensiones -materia de discusión- la Ley 100 de 1993 estableció la afiliación obligatoria de los trabajadores.

4. La norma que estableció el formulario único no es la resolución acusada, sino el Decreto 3667 del 2004 que le sirve de fundamento.

5. No encontró "extralimitación" del Ministerio de la Protección Social porque la facultad asignada a este por el Decreto 3667 de 2004 es clara.

6. No encontró que la resolución 364 del 2006 imponga una carga adicional, porque las cargas adicionales están dispuestas en forma mediata en las citadas leyes y en forma inmediata -la planilla única- en el decreto 3667 de 1994 invocado como fuente normativa de la resolución.

7. La suspensión provisional de a norma, es una medida excepcional que tiene como una de las características la flagrancia, que no está en presente en este caso.

La Sección Primera debió acudir a un conjuez para que se pronunciara sobre el caso, pues el jueves pasado hubo un empate entre los cuatro magistrados de la Sala al momento de definir si suspendía la 'Pila'.

Esta decisión se toma dentro del proceso en la demanda de nulidad del artículo primero de la resolución 0634 del 6 de marzo del 2006, expedida del Ministerio de la Protección Social, que dio vía libre a la 'Pila'.

La demanda fue interpuesta por Ferney Andrade Salinas Riaño, quien solicitó la nulidad del artículo primero de dicha resolución, que diseña la Planilla. Para Andrade, la 'Pila' viola los derechos a la vida, la igualdad y a la salud.

La demanda fue radicada el pasado 13 de junio y el 16 de junio. En menos de un mes, el Consejo de Estado decidiría la cuestión de fondo: si anula o no  la resolución.

REDACCIÓN JUSTICIA