La presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, pasará a la historia como uno de los pocos mandatarios de su país (y posiblemente de la región) que no disfrutaron de la 'luna de miel' que suele inaugurar los períodos presidenciales. No había cumplido tres meses desde su posesión en diciembre pasado cuando ya estaba enfrascada en una disputa, que le resultó catastrófica, con uno de los sectores más poderosos del país: los productores del campo y, en particular, de las provincias más ricas (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la fértil llanura pampeana), donde se cultiva la soja, "el oro verde" del siglo 21, que este año puede generar un ingreso de 24.000 millones de dólares a la economía argentina.

La bonanza de la soja, de la cual Argentina es el primer exportador mundial, llevó al gobierno de Cristina K. a identificar este producto como una fuente excepcional de impuestos y, en consecuencia, a elevar las 'retenciones' (impuestos a su exportación) de 35 a 45 por ciento a partir de marzo. La reacción de los productores fue irse a la huelga y conducir al país a una semiparálisis, pues a su protesta se sumó la de los transportadores, con los consiguientes cortes de rutas, desabastecimiento de alimentos y 'cacerolazos' urbanos. La mandataria y su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, convirtieron el impuesto en una bandera contra 'la oligarquía' del campo y, para aglutinar a los 'descamisados' -fuerte del movimiento peronista-, anunciaron que su recaudo sería destinado a hospitales públicos y vivienda popular. Luego, para legitimarlo, Cristina sometió su aprobación al Congreso.

Pero el Poder Legislativo le tenía reservada una amarga sorpresa. Frente a una situación que estaba frenando el crecimiento económico y desgastando la imagen de la Presidenta, cuya popularidad cayó de 52 a 26 por ciento en medio año de gestión, ni los peronistas se unieron a la hora de votar la ley. El epílogo fue la negativa del Senado (con el voto del vicepresidente Julio Cobos) al proyecto que dictaba el nuevo impuesto, y el anuncio, el viernes pasado, de que la Presidenta retiraba la ley.

Ahora, Cristina deberá limar asperezas con el sector que ha sido el motor del resurgimiento económico argentino, lo cual implica limitar el papel de su marido en el Gobierno, pues a él se atribuye el espíritu combativo que condujo a la crisis. ¿Podrá hacerlo? Es la pregunta que se hacen hoy los argentinos.

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