La histórica decisión del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, de pedir a los jueces del alto tribunal que ordenen el arresto del presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir -acusado de dirigir un genocidio en la región de Darfur-, envía una señal contra los gobernantes acusados de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Sudán desconoce la decisión ya que su gobierno firmó pero no ratificó el Tratado de Roma, que creó la CPI en 1998. Se ha criticado que la orden de captura haya sido emitida públicamente y no en secreto, para capturar al acusado no bien salga de su país. Pero si se cumple, será el primer jefe de Estado en rendir cuentas ante la máxima corte penal del planeta, que entró en funciones en 2002. Otros jefes de Estado, el serbio Slobodan Milosevic y el liberiano Charles Taylor, fueron enjuiciados antes, pero por tribunales ad hoc para sus respectivos países.

La CPI emitió en febrero de 2007 otras órdenes de arresto contra un ministro y un jefe paramilitar de Sudán acusados de crímenes de guerra y genocidio, pero estas también fueron rechazadas por el gobierno de Jartum y los acusados siguen libres.

La acusación contra el Presidente se origina en la tragedia de Darfur, en la que se lo responsabiliza de 35.000 asesinatos y decenas de miles de desplazamientos, en lo que ha sido el drama humanitario de esta década. Una rebelión de grupos insurgentes ha sido reprimida no solo por las fuerzas oficiales sino por una milicia paramilitar árabe -los Janjaweed- que ha cometido toda clase de atrocidades contra los civiles negros de la región. Por haber sido afectadas tres tribus de la zona, Al-Bashir está acusado por el fiscal Moreno de la CPI de genocidio. Este enfrenta una polémica por lo difícil que es probar este tipo de delito, por las sensibilidades políticas que despierta la acusación entre aliados claves de Sudán como los países árabes, otras naciones africanas y China, y por el efecto que tendrá su decisión en la acción humanitaria de Naciones Unidas y los cascos azules de la Unión Africana, que ya están en la región y han suspendido su actividad.

En los próximos meses, lo que pase con esta acusación sin precedentes de la CPI contra el jefe de Estado de Sudán dirimirá si priman los nuevos mecanismos de la justicia internacional o las viejas realidades geopolíticas del mundo global.

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