Mario Iguarán señaló que en la operación no hubo una acción militar propiamente dicha ni se utilizaron armas, sino que el propósito fue el rescate de secuestrados.

Iguarán afirmó sin embargo que su despacho analizará la situación provocada por el uso del emblema de la Cruz Roja Internacional en la operación 'Jaque' y que revisará las versiones entregadas a la justicia por alias 'Cesar' y 'Gafas' y escuchará al delegado del CICR en Colombia.

Lo contrario opinan expertos en derecho internacional consultados, para quienes la conducta del oficial involucrado podría encajar en el delito de perfidia.

Según el abogado Iván Cepeda, el uso sin autorización de insignias del Comité Internacional de la Cruz Roja es una infracción al protocolo II de los convenios de Ginebra.

"La infracción de perfidia consiste en engañar al enemigo a sabiendas que esos emblemas no pueden ser utilizados", explicó Cepeda.

Lo que aun no está claro son los alcances y las consecuencias para Colombia al haber incurrido en dicha infracción.

Para el internacionalista Enrique Serrano la perfidia solo es condenable cuando se da en medio de acciones violentas. "Como en este caso no hubo una acción violenta, seguramente se considerará una causal menor. Me parece que se le ha dado una gran trascendencia, pero es una incidencia menor", dijo Serrano.

Agregó que de igual forma el CICR puede interponer ante los tribunales una caución y/o una reconvención al Gobierno colombiano. La sanción, si la infracción es considerada como una incidencia, podría ser un llamado de atención y la presentación obligatoria de las disculpas.

Por el contrario, el abogado Iván Cepeda, cree que la infracción podría tener repercusiones "en el derecho colombiano debido a que el protoco el II común a los Convenios de Ginebra ha sido incorporado a la normatividad penal al ser ratificados por el país. La norma señala además  que el DIH es válido en los conflictos de carácter interno", aseguró Cepeda.

 El abogado agregó que sobre el DIH también existe jurisprudencia de la Corte Suprema que en fallos de revisión ha señalado que el conjunto de estos tratados tienen plena vigencia en Colombia.