En dos días, y sin tener facultades del Concejo, Olaris Marisol Conrado, alcaldesa encargada de Hatonuevo, en La Guajira, comprometió 8.500 millones de pesos del erario.

El CTI indaga posibles irregularidades en la contratación de la construcción y mantenimiento de bibliotecas, infraestructura de salas de Internet y de laboratorios en centros educativos. La negociación se hizo con la Asociación de Municipios del Sur de La Guajira (Asoagua), por 1.214 millones de pesos.

Dos días después, contrató la construcción de la infraestructura de acueducto y alcantarillado con Aguas del Sur de La Guajira, por 7.300 millones de pesos.

"Detectamos que la administración no tenía facultades para contratar el 28 de mayo. Los acuerdos que la autorizaban eran anteriores y posteriores a esa fecha. Una se venció el 14 de mayo y la otra está vigente entre el 10 de junio y el 31 de julio", explicó el director del CTI en La Guajira, Pedro Miguel Peinado.

La alcaldesa, con quien este medio intentó sin éxito comunicarse, se encargó del despacho el 3 de enero, ante el impedimento del electo José de Jesús Ortiz Duarte para asumir el cargo por estar inhabilitado por la Procuraduría General para desempeñar cargos públicos por un año.

La sanción le fue notificada un día después de las elecciones de octubre del 2007.

Inicialmente, Conrado fue nombrada asesora del despacho del Gobernador de La Guajira, que la encargó de la alcaldía de Hatonuevo. El encargo se ha ido prorrogando por las continuas incapacidades -unas siete por 30 y 15 días- que ha presentado el alcalde Ortiz, argumentando quebrantos de salud.

En el más reciente decreto, el gobernador, Jorge Pérez, tras constatar que Ortiz está inhabilitado, decretó la vacancia del cargo y convocó a nuevas elecciones para agosto.

Ex gobernador, también en líos

El ex gobernador José Luis González Crespo también es investigado por un convenio de cooperación suscrito en el 2005,
en el cual se establecía la construcción de infraestructura, compra de equipos, cultivos de pasto y forraje para la operación de unidades de recría del plan de repoblamiento caprino. Este costó 342 millones y luego se le adicionaron 171 millones.

Igualmente, el CTI analiza el controvertido proyecto de protección costera para recuperar las playas al oeste del Centro Cultural y el valle de los Cangrejos, cuyo costo era de 15.000 millones de pesos, pero se le adicionaron 7.500 millones.

RIOHACHA