Una nueva tormenta jurídica y política afronta el funcionario por cuenta de la divulgación de un concepto de la Procuraduría 22 Judicial, que sostiene que Berrío contrató con el Estado

Desde que se posesionó, el mandatario ha sido objeto de varias demandas que pretenden su salida.

Según el concepto del procurador, Jorge Eliécer Rodríguez Herrera, y que fue enviado al Tribunal Administativo de Bolívar, Berrío estaría impedido porque la empresa de su familia, Vimarco Ltda., especializada en vigilancia privada, suscribió un contrato el 31 de enero de 2007 con la Fiscalía General de la Nación.
 
Considera el ministerio Público que el hoy Gobernador "fungió como socio gestor y comandatario de una de las empresas que también intervino y tomó parte en la celebración de ese contrato, Berrío Villarreal e Hijos y Compañía Sociedad en Comandita", y que, por ello, incurrió en causal de inhabilidad.

En otras ocasiones, cuando se hace ruido por causa de estas demandas, el Gobernador ha dicho que son tretas de fuerzas políticas contrarias que quieren impedir que lleve a feliz término su mandato.

Ayer que no conoce oficialmente el pronunciamiento del Procurador 22 Judicial, y agregó que tiene "la absoluta certeza, tras haber revisado juiciosa y minuciosamente con un prestigioso equipo de abogados, el Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades legales, de no haber estado antes ni ahora incurso en ninguna de las causales establecidas por éste".

Insistió en que seguirá trabajando sin  descanso, "como desde el primer día de mi mandato...No tengo tiempo para distraerme en asuntos diferentes a mi indeclinable voluntad de salvar entre todos a Bolívar".

El candidato al que Berrío derrotó en las elecciones, el ex representante a la Cámara, Alfonso López Cossio, dijo que no lo sorprende ese concepto.

"Sé desde hace mucho tiempo que el hoy Gobernador estaba inhabilitado para ocupar el cargo, pues todo el mundo sabía de su vinculación con su empresa Vimarco", precisó.

En Bolívar Berrío no es el único que está dependiendo de decisiones de los jueces para seguir gobernando. La elección de la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, también está investigada porque supuestamente estaba inhabilitada, debido a que su esposo era Defensor del Pueblo cuando ella resultó elegida.
 

VICENTE ARCIERI GUTIÉRREZ

Corresponsal de EL TIEMPO

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