Propondrán al Congreso, que se instala el próximo domingo, una reforma a la Ley de Justicia y Paz para que se les pueda aplicar a los desmovilizados el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

La Corte Suprema dejó en el aire a estos desmovilizados cuando estableció que no pueden ser juzgados por delito político, sino por concierto para delinquir.

Este principio consiste en la facultad que puede tener la Fiscalía de suspender la acción penal a cambio de reparación con víctimas y confesión, y que solamente es posible bajo el nuevo sistema penal.

Lo concreto es que la propuesta no irá en contravía de la decisión de la Corte Suprema y estará en una modificación de la Ley de Justicia y Paz, según fuentes cercanas a esta decisión.

La fórmula mágica

En los últimos días, el tema ha sido objeto de varias reuniones y hay una gran preocupación de las autoridades y organismos internacionales por el futuro jurídico de estos 'paras'.

De hecho, ante este limbo, el Congreso le encomendó al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres, entregar, el próximo domingo, un informe con la 'fórmula mágica'.

Altas fuentes de la Fiscalía, por su parte, señalaron que la fórmula debe tender a no abrir nuevos procesos, pues no tiene cómo iniciar 19.300 investigaciones adicionales a las más de 3.000 que lleva en Justicia y Paz.

Precisamente, la Procuraduría General le planteó a la Fiscalía en agosto del 2007 que inicie una investigación penal contra estas personas y les suspenda el proceso hasta por tres años a cambio de un compromiso de reparación. De no cumplir se le puede activar sus expedientes.

Pero la mayor preocupación de la Presidencia es que hay un alto riesgo de que estas personas decidan volver a la ilegalidad, al no tener claro su futuro.

"El limbo jurídico los está comenzando a afectar -explica Frank Pearl, alto consejero para la Reintegración-. Si una persona quiere conseguir trabajo le piden pasado judicial y como ese documento tiene una vigencia de un año, hay muchos que no van a tener ese papel".

Este es el caso de Carmenza, una desmovilizada que ha perdido varios trabajos por miedo a pedir el pasado judicial. "Qué tal que me dejen allá", dice.

"Por ejemplo, me salió uno para trabajar en almacenes grandes como impulsadora. Me pareció chévere, me gustó, pasé la entrevista y me dieron la lista de los papeles que tenía que llevar y ¡qué embarrada! me pidieron el pasado judicial. Eso fue en diciembre pasado y perdí la oportunidad", añade Carmenza.

También es el caso de José Alfredo Mejía, quien integró las Auc durante 12 años y estuvo en La Guajira, Barranquilla, Cartagena y Córdoba. También hizo parte del Bloque de Acción Rápida en todo el país y tenía como función acercamientos políticos y de logística.

Se desmovilizó el 8 de marzo del 2007 en El Copey. Ahora trabaja con la Alcaldía de Bogotá en programas con reinsertados.

"Yo sí me he visto muy afectado porque tengo unas denuncias por extorsión y otras por daño en bien ajeno y esos fueron hechos cometidos cuando era paramilitar. Los procesos no han tenido una preclusión y eso es preocupante y en el diario vivir se refleja...", admite Mejía.

Pearl también admite que la situación que se vive "es un gran obstáculo" para el proceso: "Las personas que se desmovilizaron hicieron un acuerdo no solamente con el Gobierno, sino con la sociedad en el sentido de que si se acogían a ciertas reglas de juego, podrían reintegrarse a la vida civil", dice Pearl.

Hace poco salió una convocatoria de una ONG para ayudar a desmovilizados y darles empleo como recolectores de frutos en España y algunos no pudieron irse porque no tienen resuelto su tema jurídico.

Pero la inquietud no es solo del Gobierno: la Organización de Estados Americanos (OEA), que fue veedora de la desmovilización de las Auc, señaló en un informe presentado hace 15 días:

"La Misión no puede dejar de anotar que es de su mayor preocupación que aún no se haya definido la situación jurídica (...) Este hecho no sólo afecta (...) en general al entorno en el que se encuentran, pues al no ver esclarecida su situación pueden volver a las armas...".

Ya van 819 'paras' asesinados tras su desmovilización: OEA

El otro lío que enfrenta el proceso con los desmovilizados del paramilitarismo es el asesinato de algunos de ellos.

En un reciente informe, la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que la Policía Nacional ha registrado el asesinato de 819 desmovilizados.

"En la mayoría de casos no hay investigaciones concretas", señala el organismo, que cumplió las funciones de veedora del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en los últimos dos años.

Los departamentos más críticos son: Antioquia, Cesar, Córdoba y Magdalena y las muertes podrían estar relacionadas con disputas por control de zonas, pugnas entre combatientes y por no reincorporarse a nuevas bandas.

El informe también señala que así como hubo centenares de menores de edad que fueron enviados directamente a sus casas, sin pasar por Bienestar Familiar, hubo centenares de 'colados' que no pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y sin embargo se desmovilizaron para recibir las ayudas del Gobierno.

En el 2006, se intentó que los jefes de los grupos paramilitares depuraran esas filas, pero finalmente no se avanzó en el tema.

Lío con las propiedades

Han aparecido bienes de jefes 'paras', en manos de terceros, que no han sido entregados en el marco de la Ley Justicia y Paz, la cual exige de los desmovilizados la devolución de estos, para alimentar el fondo de reparación de las víctimas de la violencia.

Por ejemplo, a la Dirección Nacional de Estupefacientes llegaron hace un mes cerca de 80 bienes de jefes 'paras' extraditados que no entregaron a la Justicia en sus primeras diligencias.