En un reciente artículo (El País, 13-07-08), Mario Vargas Llosa se quejaba del escaso reconocimiento internacional del mérito obtenido por el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, por la "liberación de Íngrid Betancourt y otros 14 secuestrados por las Farc". Alegaba, en cambio, que el presidente francés Sarkozy había sido "quien hasta ahora le ha sacado mayor provecho publicitario". Y tiene razón. En la medida en que pasan los días, cada jefe de Estado o de gobierno que es invitado a participar de un frente común para forzar a las Farc a una liberación de los secuestrados acepta, pero no con el propósito de apoyar la labor que está adelantando Uribe, sino más bien toma distancia buscando sacar provecho del papel que puede jugar en la pacificación del país.

A primera vista, esa reacción se explicaría por la visibilidad que internacionalmente han recibido las pugnas del Presidente con las Cortes, los vínculos de una gran parte de miembros de la coalición de gobierno con el paramilitarismo, la condena a una ex congresista por haber aceptado prebendas a cambio de su voto de aprobación a la reelección presidencial inmediata y, sobre todo, la intención de Uribe de volver a cambiar la Constitución para hacerse reelegir por segunda vez. Cada hecho ha terminado por sembrar grandes dudas sobre el carácter democrático que tiene su tarea pacificadora.

Ya nadie se atreve a afirmar, como sí lo hace Vargas Llosa en su reclamo, que la lucha del Presidente colombiano contra el terrorismo se haya llevado a cabo "sin menoscabar la libertad de prensa, la independencia del poder judicial, la oposición parlamentaria y extraparlamentaria". Por el contrario, la tendencia del Gobierno colombiano a eludir ciertas reglas del juego político e institucional parece haber convencido a la comunidad internacional de que el empeño de Uribe por limitar los poderes de la justicia, subordinar al Congreso y estigmatizar a la oposición se ha llevado a cabo sin quebrantar su propósito de combatir a las Farc, que se ha convertido en el argumento que justifica su propósito de mantenerse en el poder.

En realidad, para quienes siguen de cerca el conflicto colombiano, es cada vez más claro que Uribe ha terminado por instaurar una especie de régimen personalista, en el que el Presidente copa la mayor parte de la escena política e institucional, muchas veces usurpando las funciones de los poderes Legislativo y Judicial, con intervenciones que resquebrajan las formas de representación partidista. Es el régimen en el que el Presidente, más que representar la unidad de la Nación, encarna la unidad de todo lo que desean los ciudadanos, de manera que, todo lo que hagan sus opositores será interpretado como un intento por ir en contra de él y, por tanto, irá en contra de los ciudadanos.

Por esa razón resulta comprensible que en el país la operación 'Jaque' le haya significado un mayor poder al presidente Uribe. Pero en el exterior, ese éxito se puede revertir en una prudente distancia de los gobiernos extranjeros, por ejemplo, con respecto al propósito del Gobierno de mantener un esquema cerrado de negociación con las Farc. Mucho más cuando Íngrid Betancourt les pide al Presidente y a los colombianos que, sin renunciar a la mano dura, cambien su lenguaje extremista y de odio hacia las Farc y acepten un frente internacional, en el que la participación de Chávez y Correa tiene una importancia crucial en el propósito de lograr que esa guerrilla libere sin condiciones a los secuestrados y emprenda un proceso hacia la paz.

No hay duda de que las presiones que provengan del exterior van a tratar de convencer a Uribe de que el unanimismo no puede ser la fuente de legitimación del poder, y más bien, deba buscar el paso hacia el pluralismo como principio de movilización democrática. Es el llamado que tarde o temprano se puede convertir en una presión insostenible para el Gobierno colombiano. Una rápida reacción le permitirá al propio Uribe evitar que la exitosa operación 'Jaque' se pueda revertir en un jaque al rey.