Cuando las difíciles relaciones entre el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia han entrado en un terreno de distensión tras las descalificaciones mutuas con motivo de la sentencia del alto tribunal en el caso de Yidis Medina (que llevó al Presidente a anunciar un referendo para relegitimar su mandato), ha causado extrañeza una decisión de la Sala Penal relacionada con el arranque de los procesos por la llamada 'Farcpolítica'.

Esta vez se trata del insólito anuncio de que la Corte llamará a declarar a 'Raimundo y todo el mundo' dentro de las indagaciones preliminares que realiza contra las senadoras Piedad Córdoba y Gloria Ramírez y el representante a la Cámara Wilson Borja por sus posibles vínculos con las Farc. Los magistrados resolvieron el jueves citar como testigos al Presidente de la República, al Vicepresidente, al Ministro de Defensa, al ex ministro Carlos Holguín, al Alto Comisionado de Paz, a los generales Freddy Padilla de León y Mario Montoya, así como a los recién capturados guerrilleros 'César' y 'Gafas', a la desmovilizada 'Karina', a 'Rojas' y a 'Martín Sombra'. Como si lo anterior fuera poco, en el proceso contra la senadora Córdoba, la Sala Penal decidió citar también a cientos de guerrilleros capturados y desmovilizados durante los últimos tres años, con el fin de establecer si vieron a la congresista en campamentos de las Farc o saben algo de sus nexos con ese grupo.

Los cálculos más optimistas indican que la práctica de estas pruebas se tomaría por lo menos un año, lo que sugiere que la medida busca demorar cualquier decisión sobre un tema sin duda espinoso. Pero, más allá de ello, la pregunta es si hacen falta todos esos testimonios para decidir si se abre o no una investigación formal contra los tres congresistas. Contrasta esta interminable lista de llamados a declarar en el frente de la 'Farcpolítica' con lo sucedido en el caso de la 'parapolítica', donde en varias ocasiones a la Sala Penal le han bastado dos o tres testimonios de paramilitares encarcelados, para abrir proceso formal y detener de modo preventivo a los congresistas que dichos testigos acusan de tener nexos con las Auc. Este doble rasero que parece saltar a la luz no le conviene a la Corte Suprema, que debe dar ejemplo de que, en sus investigaciones, se comporta con el mismo rigor en todos los casos.

Por otra parte, también causa no poca extrañeza la insistencia en el sistema adoptado por la Sala Penal de dictar todos sus fallos por unanimidad y cerrar así la posibilidad de que se expresen los disentimientos en su seno. Esta conducta era comprensible en los procesos de alta peligrosidad, como los que se adelantaban contra las mafias del narcotráfico o los paramilitares cuando esos grupos estaban en su apogeo y hacían sentir sus tenebrosas amenazas contra los jueces y otras autoridades. Pero ahora este procedimiento ha perdido justificación y más bien adquiere visos antijurídicos y poco democráticos.

No faltan síntomas, en fin, de que aún no ha sido superado el clima de animadversión que ha contaminado en los últimos meses las relaciones entre la Corte Suprema y el Ejecutivo. Por eso hay que esperar que la reunión que los miembros del alto tribunal sostendrán el lunes con el presidente Uribe sirva para despejar ese mal ambiente, enderezar la acción de la justicia, atemperar al Ejecutivo y garantizar el trabajo armónico que la Constitución impone a todos los poderes públicos, para alcanzar los fines del Estado.