El Ministerio Público consideró que no se tuvieron en cuenta las observaciones que hizo sobre el proceso de implementación del formato.

Según el Ministerio Público, la Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social del organismo de control ya había advertido sobre los riesgos administrativos, operativos y de atención ciudadana que generaría el nuevo sistema de liquidación  de aportes.

Desde el pasado 7 de julio, los usuarios se han acercado a efectuar sus pagos, pero no han logrado cancelar sus aportes.

Con esta intervención, dijo la Procuraduría, "se busca evitar la vulneración de los derechos fundamentales de los afiliados al Sistema de Seguridad Social así como de sus familias, ante la imposibilidad de poder pagar sus aportes o incluso verse afectados por la demora en la entrega de la información".

Para el organismo de control, la  reciente crisis se produjo por la desatención de los funcionarios a las advertencias hechas por el Ministerio Público hace un año en la que se formularon observaciones al proceso de implementación de la Pila, y se reiteraron en diferentes oportunidades.

"La Procuraduría insiste en la necesidad de revisar el procedimiento establecido para las situaciones excepcionales al pago a través de este sistema, así como  para  dar la debida publicidad a todo este proceso y a las medidas que se tomen para evitar mayores traumatismos tanto al sistema como a la prestación de servicios y derechos de los usuarios", aseguró el organismo de control en un comunicado.

Además advirtió a las entidades investigadas que debe adoptar las medidas necesarias y urgentes para evitar que causen intereses o pérdida de tiempo de servicio que afecten el reconocimiento de las prestaciones como consecuencia del pago inoportuno de estas obligaciones.