Aunque descartó que el Estado se vaya a apropiar de las empresas incautadas a ex banqueros prófugos, el caso será llevado a cortes internacionales por los afectados.

Según ellos, se trató de un "embargo político" para amordazar a la prensa en época preelectoral.

Además de negar que los medios vayan a quedar en poder del Estado, el Gobierno aclaró que la incautación se hizo de forma preventiva dentro del proceso de embargo a 195 bienes -dentro de los cuales están dos canales de TV- que le adeudan 661 millones de dólares al fisco nacional.

Las empresas, se presume, son del poderoso Grupo Isaías, acusado de la quiebra de Filanbanco a finales de los 90, durante una de las peores crisis económicas y financieras que ha vivido Ecuador. Dos de los miembros de esa familia, de hecho, son prófugos de la justicia y hoy viven en Estados Unidos.

"Estas propiedades legalmente incautadas no serán manejadas por el Estado, saldrán en el plazo más corto posible a subastas públicas, incluidos los medios (de comunicación)", dijo Correa este miércoles ante una multitud que se concentró en una céntrica plaza de Quito, en apoyo a los emigrantes.

"Nunca más están permitidos los atracos (bancarios) ni los atracadores", agregó, enfatizando que su Gobierno dispuso las expropiaciones a través de la estatal Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), "después de 10 años de corruptelas judiciales, sobornos, leguleyadas y trampas".

El jefe de Estado también sostuvo que "entonces mañana los narcotraficantes comprarán medios de comunicación y cuando sean capturados, no se los podrá incautar porque va a ser un atentado a la libertad de expresión".

De forma paralela, y argumentando la no renovación de la frecuencia que caducó en el 2003, las autoridades clausuraron la estación 'Radio Sucre'.

Las incautaciones no se hicieron "porque el Estado quiera quedarse con eso, no es para tener medios de comunicación (...) Lo que quiere el Estado es tener patrimonio que le permita cumplir con obligaciones financieras", dijo a su vez el ministro de Gobierno (Interior), Fernando Bustamante.

La defensa de los Isaías, que duda de que varios de los bienes decomisados sean de la familia, negó por su parte que existan deudas pendientes con el Estado y anunció un pleito internacional para "desenmascarar" la que llamó maniobra política contra la prensa.

"Hoy será el primer paso de una marcha que nos va llevar fuera del país a denunciar definitivamente y descubrir, y desenmascarar a quien tiene que ser desenmascarado (...) a las personas que están involucradas en este atentado contra la libertad de prensa", manifestó el abogado Jaime Damerval.

QUITO (AFP)