El homicidio de Laureano Ipuján Anama, ocurrido en Nariño hace 15 años, puso al ex jefe de las Farc -que hace dos años recuperó su libertad- tras más de diez en prisión en nuevos líos con la justicia.

La Corte Suprema de Justicia revivió la condena de 27 años de cárcel que un juez de Pasto había impuesto contra Arteta y que fue revocada por el Tribunal Superior de esa ciudad.

Ipuján Anama, según la versión de un guerrillero, fue asesinado por las Farc porque lo señalaron de haber abusado sexualmente de una menor de edad. Según esa declaración, en un 'juicio' guerrillero la niña identificó al agresor y fue asesinado por orden de 'Joaquín Posada', el jefe del frente 29 de las Farc.

'Posada' era el alias de Arteta, que en ese momento era uno de los ideólogos más influyentes de las Farc.

El tribunal de segunda instancia consideró que aunque Arteta era jefe del frente, no había una prueba directa que lo relacionara con el crimen. Por eso, lo exoneró. Para ese momento Arteta pagaba una pena de 10 años por rebelión, que cumplió en el 2006.

La Corte encontró que "la acción desplegada por el frente 29 de las Farc, del que Yesid Arteta Dávila era su comandante, constituye un delito de homicidio agravado".

Por eso, decidió revivir la condena de los 27 años de cárcel impuesta inicialmente y que fue confirmada por la Sala Penal de la Corte. La decisión fue emitida por un juez del Circuito de Pasto al encontrarlo responsable de homicidio.

El abogado Ramiro Orjuela, apoderado del ex ideólogo de las Farc Yesid Arteta, aseguró que su representado está dispuesto a pagar la condena impuesta en un reciente fallo de casación.

Orjuela aseguró que el ex ideólogo de las Farc no contempla la clandestinidad como opción para eludir la decisión de la Corte, la cual calificó de lamentable, debido a que su defendido está tratando de reincorporarse al proceso político. "Por nada del mundo va a volver a la clandestinidad. Continuará su lucha política", dijo Orjuela. 

Arteta espera que el juez le reconozca el tiempo que ha pagado de prisión como parte de la pena cumplida y que el Gobierno esté dispuesto a otorgarle un tipo de salvoconducto como facilitador de paz. Aunque también ha contemplado el asilo político en España, en donde vive desde que salió de la cárcel.  

Según sus defensores, a los 27 años habría que descontar los 10 que ya pagó en prisión.