La operación de liberación de Íngrid Betancourt y sus 14 compañeros fue una verdadera patada al tablero del acuerdo humanitario. Todo cambió. De allí, la importancia de discutir cómo hacer para que los secuestrados que siguen en manos de las Farc -25 de ellos 'canjeables' y cientos más extorsivos- retornen a la libertad.

El rescate de quienes eran consideradas las "joyas de la corona" de las Farc en su chantaje al Gobierno colombiano para despejar los municipios de Pradera y Florida, cambió completamente la situación respecto al acuerdo humanitario. Antes, el Gobierno estaba bajo presión; ahora, las Farc se quedan sin esa carta, y tal despeje está prácticamente fuera de cuestión. De tema central en el pasado, el acuerdo humanitario pasa ahora a ser, a lo sumo, un componente en una eventual negociación de paz con las Farc. Ayer, eran los gobiernos de Francia y Venezuela y los países amigos los protagonistas; hoy, hay signos crecientes de que el gobierno del presidente Uribe aspira a retomar el control completo sobre la discusión del intercambio.

Clara señal fue lo que dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, sobre las "explicaciones" que debería dar uno de los dos delegados de los países amigos, el suizo Jean Pierre Gontard, sobre su figuración en los correos de los computadores de 'Raúl Reyes'. La embajada suiza pareció tomar cierta distancia, al afirmar que se trata de un "consejero externo". Más allá de lo que falta aclarar en este episodio (¿participó o no en negociaciones para liberar empresarios suizos en el 2001?; ¿tiene relación con los 500.000 dólares de la caleta de las Farc en Costa Rica?; ¿fue o no la fuente de la versión de que se habrían pagado 20 millones de dólares para este rescate?), todo indica que una reducción del papel de los países amigos y, en general, de todo intermediario extranjero con las Farc, sería bien vista en la Casa de Nariño.

Está por verse qué papel quiera dar el presidente Uribe a la Iglesia Católica, que ha venido mediando, y a Carlos Lozano y Álvaro Leyva, que han contado con autorización oficial para ello. No estaría mal que el Gobierno diera claridad. Tampoco deja de ser relevante que en el Ministerio de Interior esté alguien que conoce bien a las Farc, por su relación con ellas durante el Caguán, como Fabio Valencia Cossio. Además, conservador, una filiación a la que las Farc han privilegiado en el pasado para la interlocución.
Además de una previsible "nacionalización" en cualquier futuro proceso de paz, el cambio en la situación lo muestran también las declaraciones que vienen de la izquierda internacional. Fidel Castro volvió a hablar duramente contra el secuestro. Hugo Chávez reiteró su condena de éste y les pidió a las Farc que liberen a todos los secuestrados. Y hasta Rafael Correa pronunció duras palabras contra los falsos revolucionarios que secuestran. Confirmaciones de que todos sienten que el balón está en la cancha colombiana y Uribe dispone el juego. A todo esto, hay que sumar el fuerte impacto que tendrá la campaña internacional propuesta por Íngrid Betancourt.

De allí la importancia de lo que haga el Gobierno. Puede ser ocasión para remover inamovibles. Si el Gobierno acepta despejar un área reducida y sentarse a hablar de paz, con la condición de que las Farc liberen unilateralmente a todos los rehenes, no solo los "canjeables", y se comprometan a no secuestrar más, podría abrir caminos. Lo esencial es que, liberados los 'importantes', el país no se olvide de los demás. Aunque mucho depende de lo que hagan las Farc después de este golpe, propuestas como esta podrían contribuir a abrir nuevos caminos de negociación.