Del Consejo de Estado depende que la maquinaria política de Cartagena no gane en los estrados lo que perdió en las urnas.

 La maquinaria política de Cartagena, derrotada nítidamente en las urnas por la actual alcaldesa, Judith Pinedo, trata de sobrevivir mediante recursos leguleyos. Y ha logrado que dos magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar declaren nula la elección de Pinedo, popularmente conocida como 'Mariamulata', con un fallo de primera instancia que los deja muy mal parados. Una penosa argucia jurídica sobre la cual ha de pronunciarse el Consejo de Estado.

Los promotores de la maniobra han sido el ex alcalde Nicolás Curi y Juan Carlos Gossaín, su candidato a sucederlo, al que 'Mariamulata' derrotó por más de 50.000 votos. La maquinaria clientelista de Cartagena había intentado antes de los comicios otra 'tinterillada', que no prosperó, para impedir la inscripción de Pinedo como candidata.

El argumento en ambos casos (inexplicablemente aceptado ahora por el Tribunal de Bolívar) fue que la actual Alcaldesa estaba impedida para aspirar a la alcaldía porque su esposo, Arturo Zea Solano, era hasta poco antes de las elecciones Defensor del Pueblo departamental.

La demanda de la elección, interpuesta ante el Tribunal por el candidato derrotado, se basó en una premisa que el Procurador Delegado ante el mismo, Alberto Vélez, había dejado sin piso, pero que el Tribunal aceptó: la de que un Defensor del Pueblo "ejerce autoridad administrativa y civil". Tesis discutible cuando no son ordenadores del gasto, ni ejercen control disciplinario, ni hacen movimientos de personal (funciones que corresponden al Defensor Nacional). La que ejercen es una autoridad moral.

El fallo del Tribunal de Bolívar contra la elección de Judith Pinedo intenta probar que un Defensor del Pueblo ejerce autoridad civil porque puede solicitarle a una EPS que atienda a un enfermo. O porque puede solicitar protección de la fuerza pública para un ciudadano en peligro.

Como lo hizo, en efecto, el esposo de 'Mariamulata' hace dos años, cuando ejercía el cargo, en defensa de Manuel López, líder comunal del barrio Nelson Mandela de Cartagena, quien, a pesar de ello, fue asesinado en el 2007.

A la fragilidad de estos argumentos se agregan los precedentes de otros casos, en los que no han prosperado las demandas de inhabilidad por razones semejantes. Como el del gobernador de Santander, Horacio Serpa, a quien sus adversarios buscaron 'embolatarle' la elección porque su hermano era Procurador Judicial Agrario del departamento. Funcionario que, como el Defensor, no ejerce autoridad civil o administrativa.

Lo que hay detrás de las argucias jurídicas contra 'Mariamulata' es algo que se podía prever desde cuando ella incursionó en la política cartagenera como concejal y lideró la coalición que tumbó el segundo mandato de Nicolás Curi en el 2000. Desde entonces se ganó la inquina del clientelismo político, que ha dominado por demasiado tiempo la administración cartagenera.

Tras un lapso en el sector privado, Judith Pinedo siguió impulsando procesos de veedurías y control social hasta retornar a la política y lograr la rotunda victoria popular del año pasado, que ahora sus adversarios le quieren arrebatar en los tribunales. El Consejo de Estado, ante el cual 'Mariamulata' apelará contra el fallo del Tribunal de Bolívar, tendrá la última palabra.