En dos meses, la Procuraduría destituyó a un ex alcalde de Villavicencio y dos ex gobernadores del Meta por saltarse la Ley 80 para manejar directamente contratos por ese valor.

En las tres destituciones, el Ministerio Público comprobó que los mandatarios utilizaron una nueva modalidad de corrupción: crear empresas sociales del Estado, cooperativas y unidades administrativas especiales. Estas entidades, "(...) suscribieron convenios interadministrativos entre si, probablemente con la finalidad de eludir los procesos de selección objetiva", concluyó el organismo de control en las decisiones emitidas.

Los funcionarios sancionados son los gobernadores Luis Carlos Torres Rueda (1 de enero del 2001 al 31 de diciembre del 2003) y Edilberto Castro Rincón (1 enero del 2004 a febrero del 2006), así como el ex alcalde de Villavicencio Franklin Germán Chaparro Carrillo (1 de enero del 2004 a febrero del 2006), quienes participaron en este manejo irregular entre 2002 y 2004.

La Procuraduría los destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos hasta por once años, tras un seguimiento de cuatro años a sus acciones.

El caso no es aislado, aseguró el viceprocurador Carlos Arturo Gómez Pavajeau, quien asumió estas estos casos como investigador especial. En este momento, el Ministerio Público tiene en la mira a varios municipios del Meta y Casanare en donde se ha utilizado esta modalidad para apropiarse de recursos provenientes de regalías.

Mediante esta forma se fraccionan contratos y se convocan a licitaciones sin los requisitos que exige la Ley 80.

En el caso de los ex gobernadores Castro Rincón y Torres Rueda, asegura el Ministerio Público, la dependencia utilizada se denominó Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública, que fue creada en el 2002 y quedó adscrita al despacho del mandatario seccional.

Chaparro Carrillo heredó de su antecesor, Omar López Robayo, un organismo similar: la Unidad Administrativa Especial para la Contratación Pública del Municipio de Villavicencio (Unev).

Empresas fachada

Una comisión especial creada por la Procuraduría siguió la pista a 20 contratos y convenios irregulares suscritos durante la administración de Torres Rueda, financiados con una adición presupuestal de 100.000 millones de pesos.

El caso se abrió por una denuncia del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción.

Según la Procuraduría, Torres Rueda habría evadido los controles a través de las empresas Solución Salud, Edesa y la Corporación para el Desarrollo del Meta (Corpometa), todas creadas por orden suya.

Edesa (Empresa de Servicios Públicos del Meta) y Solución Salud fueron creadas en 2003. Entre las dos empresas habrían suscrito convenios interadministrativos por 46 mil millones de pesos para programas de nutrición, de control ambiental en 18 municipios, construir acueductos, pozos, colectores de aguas y plantas de tratamiento.

Corpometa, una entidad de promoción cultural con cuatro empleados, hizo jornadas de vacunación, programas de nutrición y de erradicación de fiebre aftosa, mantenimiento de parques y hasta organizó un mundial de coleo.

El proceso contractual lo asumió la Unidad Administrativa Especial por delegación del gobernador Torres Rueda, con recursos del departamento del Sistema General de Participaciones, rentas departamentales de juegos de suerte y azar y regalías.

La Procuraduría lo sancionó al considerar que estas funciones no podían ser transferidas por el funcionario.

Una cadena de contratos irregulares

Entre las conclusiones del viceprocurador Carlos Arturo Gómez Pavajeau, quien asumió la investigación del caso, está que el ex alcalde Franklin Germán Chaparro Carrillo, quien huye de la justicia acusado por la Fiscalía de ordenar el asesinato del ex alcalde Omar López, creó la Cooperativa Cusurmeta para suscribir dos contratos por 50 y 73 millones de pesos.

Agregó que esta cadena la inició el ex gobernador Edilberto Castro Rincón, quien utilizando como fachada la Unidad Administrativa Especial del Departamento, compró 106 mil morrales y útiles escolares por 1.151 millones de pesos.

Según la Procuraduría, los mandatarios, como máximas autoridades del Meta, no cumpieron sus funciones al no manejar directamente los contratos como representantes legales del departamento y el municipio y permitieron que particulares hicieran uso de manera irregular de dineros públicos para beneficio propio.

El ex gobernador Castro Rincón también fue condenado hace siete meses a 40 años de cárcel por haber instigado el asesinato de tres líderes políticos del Meta.

Las malas contrataciones de Germán Chaparro provocaron que 12.800 millones de pesos, de 21 mil millones girados este año por la Nación, no puedan ser utilizados por la alcaldía de Villavicencio.

REDACCIÓN JUSTICIA