Crear una sociedad de economía mixta con participación local y regional,  que se encargue de la explotación, comercialización, administración y transformación de la sal de Manaure, propuso  este domingo el alcalde de ese municipio, Humberto Martínez Fajardo, como salida para que el negocio de la sal quede en manos de empresarios de La Guajira y no de un operador privado externo, tal como lo condiciona la escritura pública que, en 2004, le dio vida jurídica a la sociedad Sama.

"El negocio de la sal cumple una función social que debe predominar por encima del interés privado. Hemos venido incentivando a los industriales del sector salinero en el departamento para que inviertan recursos que permitan sacar adelante esta empresa guajira", dijo el mandatario.

La iniciativa fue presentada en una audiencia pública en Riohacha, que contó con la asistencia del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, y el viceministro de Desarrollo Empresarial, Sergio Díazgranados, y en la que estuvieron ausentes los representantes legales de las asociaciones indígenas Sumain Ichi,  Waya Wayuu y Asocharma, dueños del territorio de las Salinas, quienes manifestaron a través de un comunicado que solo habían sido informados de la reunión hasta el sábado y que estaban dispuestos a reunirse con el Gobierno siempre y cuanto el alcalde de Manaure no interfiriera en sus decisiones.

En la audiencia también se planteó la necesidad de elegir un nuevo gerente para Sama, teniendo en cuenta las irregularidades cometidas por el actual, Armando Valbuena, a quien acusan de no haber presentado informes de su gestión en los últimos cuatro años.

La contratación de un operador privado por parte de la sociedad Sama,  creada a través de la Ley 773 de 2002 y conformada por el Gobierno Nacional (51 por ciento), el Municipio de Manaure (24 por ciento) y la asociación indígena Sumain Ichi (25 por ciento), también condicionó la entrega de los activos de IFI Concesión de Salinas, actual operador, lo cual ha ido en detrimento de la producción de sal que pasó de un millón de toneladas anuales a solo 300 mil toneladas, debido a la falta de inversión y el notable deterioro del puerto y del centro de producción de Salinas.

Asimismo, el hecho de haber dilatado tanto el proceso de contratación hizo que el Gobierno les quitará a las asociaciones indígenas Waya Wayuu y Asocharma, su participación accionaria en Sama, y que estas por su parte interpusieran en abril pasado una demanda ante el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá para reclamar sus derechos.

El ministro de comercio, Luis Guillermo Plata, dijo que aunque no le ve inconvenientes a que el operador y el gerente de las Salinas sean de La Guajira, el proceso de escogencia debe ser transparente y tener en cuenta los retos que esto implica en cuanto a inversión económica.

"El operador debe hacer un gran esfuerzo económico porque tiene que invertir en maquinaria y capacitación para que pueda competir y ser un negocio viable y rentable. Quien quiera que sea el debe tener capacidad financiera", señala Plata. En cuanto a la salida de Valbuena de la gerencia de Sama, explicó, que esa decisión debía tomarse en una reunión de la junta directiva de la sociedad.