Judith Pinedo Flórez anunció que apelará ante el Consejo de Estado, luego que se declaró nula su elección. Se alegó que estaba inhabilitada porque su esposo fue defensor del pueblo en Bolívar.

Tranquilidad, pidió la alcaldesa a sus coterráneos ante el fallo, de primera instancia, del Tribunal Administrativo de Bolívar que declara nula su elección.

Los abogados demandantes, Mario Alario y Harold Guillermo Marrugo, argumentaron como inhabilidad el hecho de que su esposo, Arturo Zea Solano, era Defensor de Pueblo en Bolívar dentro del año anterior a la elección de Pinedo.

La mandataria explicó que pese a que aún ayer no había sido notificada de la decisión, sus abogados trabajan en la presentación del recurso de apelación ante el Consejo de Estado, pues desde enero ya sabía que esto iba a ocurrir.

Pinedo señaló que Juan Carlos Gossaín, su adversario político, se reunió con los concejales que lo apoyaron a decirles "que no se desesperaran, que iba a recuperar su cuota política y sus secretarías porque en junio el fallo ya estaría resuelto".

Dijo sentirse bien y destacó que un caso similar al suyo se ventila en Huila, en donde el esposo de la actual Defensora del Pueblo de ese departamento fue elegido como alcalde de Aipe, pero las autoridades departamentales contestaron a los demandantes que no había inhabilidad. El caso pasó al Consejo de Estado.

'Aquí hay una pelea por el poder económico'

¿Cómo califica el fallo?

No me coge por sorpresa porque era un secreto a voces contado por los políticos de reunión en reunión.

¿Qué políticos?

Pues muchos sectores políticos, pero particularmente sectores conservadores y de Cambio Radical.

¿Algo tiene que ver su ex contrincante a la Alcaldía Juan Carlos Gossaín?

Lo insólito de este caso es que la demanda la interpone el señor Gossaín, candidato del señor Nicolás Curi, y quien sí hizo uso público de los recursos públicos para tratar de elegirse como alcalde.

Y la interpone diciendo que a mí me inhabilita mi esposo por ser Defensor del Pueblo en el año anterior a la elección, cuando él, primero, llegó a la Defensoría muchísimo antes, por concurso y no por palanca en la época (Eduardo) Cifuentes, pero, segundo, no tiene autoridad administrativa, ni civil, porque los defensores del pueblo no tienen sino un poder moral, no contratan, no nombran, no sancionan, que son las circunstancias que ha determinado el Consejo de Estado como las que constituyen ejercicio de autoridad en un funcionario público. Ese es el debate.

¿Esto había sido analizado jurídicamente antes de postularse?

Claro. Cuando tomé la decisión de aspirar y de participar en el proceso colectivo ciudadano ya había sido 'retequeteconsultado', había incluso pronunciamientos previos tanto del Consejo Electoral como del Consejo de Estado, y el hecho real es que en este proceso la Procuraduría falla y conceptúa, hace cuatro días, diciendo que no hay inhabilidad y deben denegarse las pretensiones de la demanda.

¿Considera que son torpedos que lanzan a su gestión administrativa?

Evidentemente. Aquí hay una pelea muy fuerte ni siquiera por el poder político, sino por el poder económico que significa estar manejando los recursos distritales desde adentro y para favorecer intereses particulares donde siempre pierde el Distrito.

CARTAGENA