Decenas de habitantes de más de la mitad de las 19 veredas de este municipio están atemorizados por las extorsiones de grupos armados, que se disputan el control de cultivos de coca en la zona.

La advertencia la hizo el personero, Teófilo Sarabia Badillo, quien aseguró que más de 2.700 personas están a punto de desplazarse a municipios vecinos y a Bucaramanga para salir de la zona donde desde hace cuatro meses el Gobierno adelanta un plan de destrucción de cultivos ilícitos.

La situación llevó a que la Personería y la Alcaldía de El Peñón declararan en abril la 'Inminencia de Riesgo de Desplazamiento' en las veredas El Godo, Puerto Rico, Junín, Plan de Excehomo, Otoval, Espinal, Alto y Bajo Ceiba, Buena Esperanza, Bocas del Horta, La Victoria, Socorrito, El Danubio, El Ventilador, Horta Medio Dos, La Amarilla Sonora, La Guacamaya, Potrerito y San Francisco.

"Mientras la Fuerza Pública destruye la coca, los grupos armados amenazan a la gente y el Gobierno no desarrolla acá planes de sustitución de cultivos", precisó Sarabia.

Agregó que en el último año se ha registrado oficialmente la salida de 153 campesinos, pero advierte que la cifra es mayor porque en tan solo una de las veredas afectadas el número de pobladores disminuyó de 465 a 160.

"No todos los que salen se registran en la Personería y eso hace difícil establecer el número de desplazados", dijo.

Ilegales insisten con la coca

A pesar de que en el último año, según el Ejército, se han erradicado manualmente más de 500 hectáreas de coca en la zona, los grupos emergentes de las desmovilizadas autodefensas y los frentes 23 y 'Guillermo Vásquez' de las Farc y el Eln insisten con mantener el control sobre los cultivos ilegales que quedan en la región.

El general José Joaquín Cortés, comandante de la Segunda División, señaló que los grupos armados están extorsionando a las familias del programa Guardabosques, encargados de velar porque en la región no se cultive coca en la franja comprendida entre los ríos Blanco y Minero.

Campesinos desplazados confirmaron que los emergentes y la subversión les cobran hasta 200.000 pesos mensuales a 360 familias que por su trabajo devengan 600.000 pesos, e insisten en que la población siembre coca para pagarles el kilo a 2,3 millones de pesos.

El secretario de Gobierno de Santander, Luis Fernando Cote, calificó de "crítica" la situación, y aunque insistió en que el Gobierno hace presencia con el programa de Guardabosques, reconoció que, de acuerdo a un reporte extraoficial, a Santander le disminuyeron los recursos para las Familias Guardabosques.

"No sé la cifra en dinero, pero estamos hablando de más de 4.000 cupos", afirmó Cote.

Plata, apenas para cubrir gastos administrativos

Según estudios de varias ONG El Peñón, a 262 kilómetros de Bucaramanga, es el pueblo más pobre de los 87 de Santander.

Con 5.500 habitantes, el municipio de 29 veredas tiene un presupuesto de 3.500 millones de pesos que solo le alcanzan para cubrir los pagos administrativos, educación y salud. Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) ascienden al 63,1 por ciento, cifra superior al 27,63 nacional. En cuanto a educación, registra una tasa de analfabetas del 27,23 por ciento (1.500 personas), frente al porcentaje nacional, que llega al 15,15.

FÉLIX LEONARDO QUINTERO
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
BUCARAMANGA