Los 68 kilómetros de vía que corresponden a Cundinamarca son hoy un dolor de cabeza para los habitantes de Tocancipá, Gachancipá, Suesca, Sesquilé, Chocontá y Villapinzón.

Las críticas a la obra, que tiene como objetivo mejorar el transporte terrestre entre la capital de la República y Boyacá, no cesan ya que la comunidad asegura que hubo atropellos contra ellos.

Para analizar la crisis se reunieron en Sesquilé las autoridades municipales, representantes del Instituto Nacional de Concesiones, Inco, del concesionario Solarte y Solarte Constructores y la comunidad afectada con el fin de darle salida al inconformismo que hay con los trabajos.

Nelson Uriel Robayo, alcalde de Sesquilé, dijo que la doble calzada es un proyecto que le dará progreso a la región, pero hay varias quejas de la comunidad que deben ser tenidas en cuenta antes de terminar la obra.

"En el caso de Sesquilé, no se han construido puentes peatonales, a pesar de que el trazado vial limita con tres instituciones educativas. Se suspendieron los accesos a los cascos urbanos y los que hicieron los dejaron a dos o tres kilómetros de las entradas", dijo el mandatario.

Agregó que, ante estas falencias de la obra, ya se han presentado varios accidentes de tránsito en la vía generando una lluvia de quejas antes Inco y la firma Solarte y Solarte Constructores.

Por estas fallas y las innumerables quejas, se creó un Comité de seguimiento y pro-defensa de los afectados del Proyecto Briceño-Tunja-Sogomoso donde se expusieron todas las quejas, pero aún no hay respuesta.

Marcela Santos, secretaria de Planeación de Tocancipá e integrante del Comité, dijo que desde que conocieron del proyecto, las comunidades de los seis municipios se sintieron atropelladas.

"Fue un trazado que se empezó hacer sin darlo a conocer a la gente. Hoy es una vía muy accidentada ante la falta de cebras, puentes peatonales, vehiculares, bahías de parqueo para el transporte intermunicipal y pasos subterráneos que no generen peligro para la comunidad", manifestó la funcionaria.

Añadió que también preocupa que no se hiciera un acompañamiento a las familias que tenían terrenos por donde hoy pasa la carretera, quienes tuvieron que dejar sus casas o predios e irse a vivir a otros lugares.

"Esos terrenos pertenecieron a varias generaciones y dejarlos representaba para las familias una afectación sentimental ya que tuvieron que abandonar sus tierras y sus vecinos. El Estado y el Consorcio aún no crean un Comité de acompañamiento social para estas personas, quienes son en un alto porcentaje de la tercera edad", indicó la Secretaria.

Rafael Vega, presidente del Concejo de Sesquilé, dijo que los reclamos no tienen soluciones inmediatas y ya se cansaron de reuniones en vano. Mientras tanto, Alfonso López, alcalde de Ganchancipá, afirmó que ha pasado más de un año y aún no les definen si en el municipio harán una variante o una vía paralela y así saber ellos cómo organizar el casco urbano.

"Si es una variante llevaremos allí todo el comercio porque el municipio quedará a un lado de la vía y si deciden que es una paralela, organizaremos el casco urbano para que sea agradable a los visitantes, ya que todos los turistas pasarían por él", expresó López.
 
'No puede verse como una obra negativa'

Buenaventura León, representante a la Cámara por Cundinamarca, dijo que llegó la hora de prestarle atención a la comunidad que lleva dos años esperando una respuesta del Estado y de las firmas constructoras.

Según León, los más afectados son los campesinos quienes se ven expuestos a accidentes de tránsito ante la no señalización de los 68 kilómetros que le corresponden a Cundinamarca del tramo vial.

Jickson Rodríguez, Personero de Tocancipá, aseguró que otra petición que se hizo desde hace varios meses es que se exonere a los habitantes de los municipios afectados del pago de peaje y que ese listado de beneficiados se revise con periodicidad.

Por su parte, Gildardo Grisales, habitante de Sesquilé, expresó que de no adelantarse rápidamente la señalización en la carretera, en el futuro podría registrarse una tragedia.

A la vez, Rodolfo Castiblanco, representante de Inco, dijo que el Gobierno Nacional hizo un esfuerzo grande para entregarles esta obra a los cundiboyancenses para que ahora sea vista como un proyecto negativo.

"Siempre escuchamos las inquietudes de la comunidad. Pero tenemos directrices que debemos seguir. En cuanto a los puentes peatonales, se harán si los estudios indican que se necesitan en esos lugares que la gente dice, porque no podemos hacer una obra para que la ciudadanía no la use", afirmó Castiblanco.

Agregó que sí se ha realizado un proceso de socialización desde hace dos años cuando se inició el proyecto el cual tiene un costo cercano a los 1.8 billones de pesos.