Así lo establece el proyecto de ley sobre violencia contra las mujeres, al que solo le falta la conciliación entre Cámara y Senado, programada para el martes. De ahí pasará a sanción presidencial.

El proyecto también impide que las afectadas detengan los procesos contra los maltratadores cuando los perdonan.

Esta penalización quedó incluida en el artículo 210 A, que reza que quien "en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno a tres años".

Una vez sancionada, esta ley se convertirá en el primer gran logro de la bancada femenina en el Congreso, que demostró estar entre las más disciplinadas.

"Colombia frente al resto de países de Latinoamérica está muy atrasado y este es el primer gran paso para hacer una política de mujer seria en el país", explica la senadora Gina Parody, una de las impulsoras de la ley.

Pero la penalización del acoso laboral es solo uno de varios puntos clave en los que coincidieron las 26 congresistas mujeres, que desde el segundo semestre del 2006 le 'jalaron' a la iniciativa de la entonces presidenta del Senado, Dilian Francisca Toro, de dejar a un lado sus diferencias políticas para empezar a trabajar en un aspecto de género: los grandes problemas de las mujeres en el país.

Esta iniciativa también acabará con la historia común de las mujeres que luego de ser víctimas de una agresión perdonan a sus esposos, novios o compañeros y se olvidan de los moretones, los ojos hinchados y los ataques verbales que les hicieron y retiran las demandas penales contra ellos.

Una vez entre en vigencia, esta ley impedirá que las mujeres víctimas detengan el proceso penal, que continuará hasta que se defina la responsabilidad del atacante.

Es decir, los ramos de rosas, los viajes de reconciliación, las promesas de portarse como 'el mejor esposo del mundo' o la petición de no mandarlo a la cárcel por temor al sufrimiento de los hijos, no servirán.

Para la senadora Marta Lucía Ramírez, el otro gran logro de la futura ley es la eliminación del requisito de querella en situaciones de violencia intrafamiliar, pero especialmente en los casos de violación.

"Anteriormente se investigaba este delito sexual solo si la víctima presentaba la demanda. Ahora no es necesario. Cualquiera que tenga conocimiento de un hecho de esta naturaleza puede denunciarlo, y si es una autoridad esta debe empezar la investigación de oficio", explica la congresista.

Para la senadora Piedad Zuccardi, la importancia de la norma es que saca la violencia contra la mujer del ámbito familiar y la traslada a otras instancias sociales, como la laboral.

"Antes se decía que se debía respetar la privacidad de la familia, pero resulta que estos traumas internos si afectaban al Estado y se convertían en un problema de salud pública", afirma.

Con todo esto, la ley de violencia contra las mujeres promete convertirse en una verdadera protectora, que descarta el perdón y el olvido.

Otras medidas de protección para las agredidas

Desalojado

"Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia".

Niños seguros

"Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar".

No puede vender

"Prohibir al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. Para este efecto, oficiará a las autoridades competentes."

Más protección

"Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición (...) se ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere".

Las que hicieron a un lado las diferencias políticas para empujar la ley

Senadoras: Zulema Jattin, Adriana Gutiérrez, Gina Parody y Piedad Zucardi (la U); Piedad Córdoba (liberal); Claudia Rodríguez (Cambio Radical); Alexandra Moreno (Mira).

Representantes: Sandra Ceballos, Lucero Cortes, Karime Mota, Amanda Ricardo (la U); Clara Pinillos, Liliana Varón, Nancy Castillo y Gema López de Juaqui (liberales); Claudia Rodríguez, Karelly Patricia Lara, Rosmery Martínez y Sandra Velásquez (Cambio Radical); Orisinia Patricia Polanco ( Polo); Gloria Estella Díaz (Mira); Miriam Paredes (conservadora) y Fabiola Olaya (Convergencia).

Marta Lucía Ramírez, partido de 'la U'. Dilian Francisca Toro, partido de 'la U'. Gloria Inés Ramírez, del Polo. Cecilia López, Partido liberal. Gina Parody, partido de 'la U'.

Hasta 40 años por 'feminicidio'

Para la senadora Gina Parody otro de logros importantes es el aumento de las sanciones en los casos de homicidio contra mujeres, pues los victimarios podrán recibir penas de hasta 40 años.

Según la norma, esta figura es llamada también 'feminicidio' y es considerada como un delito similar al homicidio porque atenta no solo contra la familia, sino contra la sociedad y el Estado.

En el 'feminicidio' se agravan las penas cuando el autor se aprovecha de la condición de mujer de su víctima. Así, la pena que antes estaba entre los 13 y los 25 años, pasó a estar entre 24 y 40 años. "Es cuando se dice que mató a una persona porque 'como era la novia', o 'como era la esposa...', afirmó Parody.

Matar por celos

Según la senadora Marta Lucía Ramírez, la presentación del proyecto también obedeció a los casos alarmantes de ataques a mujeres en los que los celos, el alcohol y el nivel educativo, resultaron ser las principales excusas para ejecutarlos.

Las cifras del Instituto de Medicina Legal, citadas en el proyecto de ley, dicen que en el 2006 se registraron en Colombia 37.047 casos de maltrato conyugal y que de cada 10 mujeres ultrajadas, solo 2 se arriesgan a denunciar.

Mujer golpeada en Barranquilla inspiró el trabajo

La historia de la ley que penaliza el acoso sexual tuvo su propio proceso. Según la representante a la Cámara Lucero Cortés, quince días después de comenzar la legislatura del 2006 se conoció el caso de Lizeth Ochoa, la mujer maltratada por su marido en Barranquilla y cuyas fotos escandalizaron al país por la gravedad de la agresión.

Cortés dijo que tras conocer este suceso y viendo que había poca dureza en la legislación que trataba los delitos contra la mujer y la escasa denuncia de ellas al respecto, "decidimos que era el momento de actuar".

Era claro que la iniciativa ameritaba configurar un bloque fuerte, porque se desafiaba a las mayorías en el Congreso compuesta por hombres. Entonces la presidenta del Senado en ese momento, Dilian Francisca Toro, conformó una comisión accidental con parlamentarias de todos los partidos e ideologías, cuya primera tarea fue explorar el tema.

A pesar de que al comienzo hubo diferencias entre varias de las congresistas y muchos celos porque algunas de ellas ya habían trabajado el tema, con poca suerte, poco a poco fueron llegando a la conclusión de que solamente unidas podrían triunfar en la aprobación de una ley que defendiera sus derechos. Ese fue el primer triunfo.

Pero fue la cruda realidad que cada una había investigado por su parte, sobre el abuso contra las mujeres, lo que permitió deponer sus intereses personales o de partido para trabajar como una sola y sacar la ley más dura en este campo.

REDACCIÓN POLÍTICA