La Corte Constitucional ordenó crear un mecanismo que permita separar las funciones de los magistrados que investigan y LOS que juzgan. Aclaran versión inicial sobre la doble instancia.

El presidente y vocero de la Corte Constitucional, magistrado Humberto Sierra, aseguró en un primer término que la decisión que había tomado la Sala Plena (que sesionó con siete de los nueve magistrados) ordenaba al Congreso hacer una ley para crear la segunda instancia en la Corte Suprema, además de crear un mecanismo para separar las funciones de los magistrados que investigan y los que juzgan.

"El Congreso tiene que hacer una división de trabajo en la Corte Suprema que permita que los mismos que investiguen no sean los que juzguen y además que haya una segunda instancia", explicó Sierra.

Esa fue la versión que llegó a oídos de la Corte Suprema y a varios abogados que defienden a los enredados por la parapolítica. Algunos anticiparon que el cambio de posición de la Constitucional frente a la segunda instancia (la posibilidad de que los fallos de la Corte Suprema sean apelados) abría la puerta a tutelas y demandas ante el Sistema Interamericano de Justicia.

Los alcances de la sentencia, sin embargo, solo llegaron hasta la separación de las funciones de investigación y juzgamiento. Nilson Pinilla, vicepresidente de la corporación y ponente del fallo, explicó que la Corte mantuvo lo que ya había dicho en el 2006: que la única instancia en la Corte Suprema es constitucional y que lo que garantiza los plenos derechos de los procesados es la calidad de los jueces: los integrantes del órgano supremo en lo penal.

Otros magistrados aseguraron ayer que aunque se tocó el tema de la segunda instancia, la Sala se decidió por mantener las cosas como están.

El hecho es que el Congreso debe crear, mediante una ley, un mecanismo dentro de la misma Corte Suprema que investigue y acuse a congresistas, totalmente separado de quienes van a hacer de jueces.

La Corte Constitucional dice que puede ser "una sala, cuerpo, sección o funcionario vinculado a la corporación", pero que no tenga que ver con el juzgamiento del procesado. Hoy los mismos magistrados de la Sala Penal investigan, acusan y juzgan a los congresistas.

Para tomar esta decisión, los magistrados constitucionales tuvieron como base tratados internacionales ratificados por Colombia como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que "consagran el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial (...) para que se evite ya no solo la parcialización intencional sino el apego a preconceptos".

La Corte fue clara en decir que solo alcanza a los congresistas que hayan cometido delitos a partir del pasado jueves 29 de mayo.

Esto quiere decir que a los parlamentarios enredados en la parapolítica o farcpolítica no los toca la ley que expedirá el Congreso.

Algunos magistrados de la Corte Suprema ya están pensando en posibilidades como dejar la investigación en manos de la Sala Penal y los juicios en los de la Sala Plena, pero el mecanismo debe pasar por el Congreso.