Fue confortador ver a catorce sanguinarios criminales embutidos en un overol naranja en lugar de Armani, esposados de pies y manos, con cara de susto, y saber que pagarán dos o tres lustros de cárcel por sus infinitas atrocidades. Pero el precio por darnos ese gustazo es sepultar la paz. Ningún capo guerrillero o paramilitar en su sano juicio volverá a entregar las armas a cambio de promesas de perdón y reconciliación. Nadie se fiará del gobierno de turno porque los Rodríguez Orejuela negociaron y se los llevaron y los 'paras' hicieron lo mismo y terminaron igual.

El medio centenar de cabecillas de las Farc, con orden de extradición, no darán el paso hacia la civilidad mientras exista la amenaza de terminar sus días en una cárcel del Imperio modelo Guantánamo, en unas condiciones infrahumanas que repugnan y ofenden, y que no deberíamos aceptar que impongan a los colombianos, sean subversivos, paramilitares o narcos. En una entrevista para Caracol TV, un abogado gringo dio a entender, como si fuese algo natural, que la ex comandante 'Sonia' perdió la cabeza por no resistir el encierro. Por muy perversa que fuera, ese tratamiento merecería una protesta de nuestra embajada y la revisión inmediata del convenio de extradición. Habría que preguntarle a la senadora Nancy Pelosi, ardiente defensora de la Humanidad extranjera, ¿no conoce lo que ocurre bajo sus narices washingtonianas o es que allá tienen licencia para torturar?

Volviendo a lo nuestro, alegarán que la extradición colectiva no afecta a futuros procesos de paz porque los remitidos al norte se portaron mal y los que vengan detrás aprenderán la lección.

Puede que sea así, pero el mensaje que llega a la tropa y a los mandos medios de las organizaciones ilegales es que en cualquier momento, bien para facilitar un TLC, bien para mostrar ante los poderes judiciales cuál es el lugar de cada quien o por demostrar fuera de estas fronteras que no tiene rabo de paja, el caso es que cualquier Presidente, cualquiera, puede adoptar una medida similar en cuanto sienta que lo necesita. Por si fuera poco, hay aún 19.000 ex combatientes de las Auc sin piso jurídico y, como me dijo uno, si a los jefes les hacen eso, "a nosotros qué nos harán. Más bien uno se devuelve al monte". Y ese es un fantasma difícil de eliminar.

Lo que tiene gracia es que quienes deploraron el proceso de paz y exigieron extradición desde el día uno, alegando que no eran 'paras' sino narcos, ahora ataquen al Presidente por hacerles caso. En aquel momento no les preocuparon las víctimas ni sus desaparecidos. Sólo querían poner a Uribe en un brete y tender sobre él un manto de duda por supuestos acuerdos bajo la mesa.

Y en cuanto a la 'parapolítica', la evidencia de que la marcha de los ex comandantes no es imprescindible para armar los casos es que la Corte Suprema condenó a Mauricio Pimiento a siete años y 'Jorge 40', que era quien le mandaba, negó siempre sus conexiones. Hay otro medio de probarlas, como el que empleamos los periodistas: hablar con alcaldes y concejales que les pusieron los votos a la fuerza.

Son tan incoherentes esos críticos como los amigos de Hugo Chávez que han salido a descalificar el informe impecable, apabullante, de Interpol. Para ellos es más creíble el dictamen acelerado de dos ignotos españoles que el de 64 expertos internacionales independientes. El computador del paramilitar 'Don Antonio' lo consideraron dogma de fe. Pero el que demuestra que Chávez es cómplice de las salvajadas de la guerrilla y que algunos colombianos y miembros del gobierno ecuatoriano tienen relaciones estrechas con la banda terrorista, es manipulado.

Al dictadorzuelo venezolano el petróleo le salvará de ser declarado gobernante paria, pero ante la comunidad internacional habrá quedado como un peligroso líder, capaz de emprender cualquier acción criminal con tal de alcanzar sus fines delirantes.