"Por eso estaríamos perdiendo una gran oportunidad", agrega el Alto Consejero de la Reintegración y añade que "algunos ven el proceso como un problema del Gobierno".

EL TIEMPO: ¿Por qué lo dice? Frank Pearl: En Montería, desmovilizados hicieron sus cursos de capacitación y empezaron a trabajar en una compañía y lo hicieron muy bien. Al año, supieron que eran desmovilizados y los sacaron.

Ese rechazo y esa discriminación hacia unas personas que hicieron parte de un proceso de paz hace imposible generar espacios para convivir pacíficamente y golpea el proceso. La sociedad colombiana debe ser consecuente.

¿Por qué hay un buen número de desmovilizados que han vuelto a delinquir? Hay unos que están en municipios con una gran influencia del narcotráfico como Chigorodó, Carepa y Apartadó en el Urabá Antioqueño, Magdalena Medio y Córdoba. Esas personas vienen de organizaciones delictivas y cuando consideran que no les alcanza la plata no hacen el esfuerzo y vuelven a delinquir.

En cualquier proceso de reintegración en el mundo es inevitable que algún porcentaje vuelva a delinquir. En Colombia, el 94 por ciento de los desmovilizados han cumplido las reglas.

¿Qué problemas encontró con los proyectos productivos cuando llegó en el 2006 a la entidad?Lo que notamos es que las personas deben estar capacitadas para trabajar, y algunos desmovilizados no lo estaban. Entonces, protegimos los recursos del Gobierno, paramos el anterior esquema de proyectos productivos e hicimos un inventario de 1.261 planes de negocio. Hemos impulsado 370 en el último año.

Hay un nuevo enfoque: que las personas deben capacitarse y todo se hace con condiciones de mercado. Antes, el Gobierno le regalaba el dinero a los desmovilizados para que hicieran sus planes de negocio. Ahora no. Se hace un préstamo en un fondo de crédito.

Los desmovilizados critican que con 300.000 pesos que le entregan no pueden suplir las necesidades de sus familias...

Si uno lo mira en plata, sí tienen razón. Esa es una de las decisiones más difíciles que he tomado aquí. Antes, todos recibían una plata al mes, independientemente de lo que hicieran. Lo único era que no volvieran a delinquir.

Pero de lo que se trata en este proceso es de que puedan cambiar y que se conviertan en buenos ciudadanos, y eso no se hace con un cheque. Nosotros les damos la plata, pero tiene dos condiciones: que vayan al sicólogo y que estudien.

Ellos dicen que no les alcanza la plata, pero uno de los fundamentos de esta política es que sea equitativa. En Colombia hay 5 millones de personas pobres que reciben menos de un salario mínimo y que nunca han estado en un grupo irregular. ¿Qué pensarían estas personas pobres? Piensan que es inequitativo e injusto. Eso generaría más violencia y más resentimiento.Consejería contesta críticas a ProcuraduríaFrente a una crítica evaluación de la Procuraduría, que señaló que nueve de cada diez proyectos productivos de los desmovilizados no son viables, la Alta Consejería aclaró que desde el 2002 no se han invertido más de 50.000 millones de pesos en esos proyectos y que, en el último año y medio, solo se han desembolsado 4.000 millones.Pearl explica que el "billón de pesos del que habla la Procuraduría es la cifra de todas las iniciativas del Gobierno para desmovilizados" y que el Ministerio Público evaluó un esquema que fue utilizado con anterioridad a su administración.

"La Procuraduría usó cifras incorrectas -dijo-. Seguramente a le pasaron mal el número".

REDACCIÓN JUSTICIA