Según el Ministerio Público, Sánchez, entonces comandante de la Tercera Brigada, ordenó el traslado de un batallón hacia la zona donde murieron 10 policías a manos de un grupo del Ejército.

Sánchez, de acurdo con la Procuraduría, ordenó el desplazamiento de la unidad militar para cubrir el sector de los Farallones de Cali, lo que le permitió al Batallón de Alta Montaña (cuyos miembros fueron condenados por cometer la masacre) relevarse de sus tareas específicas.

Según el Ministerio Público, para sacar ese batallón del área bajo su jurisdicción, Sánchez debía contar con informes de inteligencia precisos sobre una amenaza real.

Sin embargo, lo hizo solo con una información preliminar suministrada por el coronel Bayron Carvajal, comandante de esa unidad militar y quien fue condenado junto con un teniente y 15 soldados por la muerte de los policías.

"La orden de operaciones estuvo precedida de un desconocimiento abierto de la jurisdicción del Batallón de Alta Montaña, porque además de no ser necesario su desplazamiento por ausencia de amenaza real y documentada, esa unidad tiene a su cargo de manera especial el sector de los Farallones de Cali", dice la Procuraduría.

Según los investigadores, ese batallón tiene unas tareas específicas "que no se justifica que se cumplan por fuera de su jurisdicción, en zonas planas y cálidas".

No era un día crítico

La Procuraduría revisó los libros de inteligencia para establecer si ese 22 de mayo, día de los hechos, había peligro de ataques o incursiones de grupos ilegales como las Farc y encontró que se hablaba de días críticos como el 20, 21, 25, 27 y 30 y no estaba incluido el día en que perdieron la vida los uniformados y tampoco existía alguna mención sobre el sector de Potrerito y La Cristalina.

En su versión, el general explicó que para esa fecha tenían información sobre acciones que realizarían grupos guerrilleros, entre ellos un posible secuestro y por eso se ordenó controlar las entradas a Jamundí.

Dijo que también existía información sobre atentados a las torres de energía, una subestación eléctrica y un centro comercial.

El próximo 7 de mayo se conocerá la condena impuesta contra los militares encabezados por el coronel Byron Carvajal, ya declarados culpables de homidicio.

REDACCIÓN JUSTICIA