Liduine Zumpolle, defensora de derechos humanos, fue quien impulsó la idea de crear el movimiento Manos por la Paz, que le propusieron tres ex guerrilleros en su oficina de Chapinero.

Esta holandesa siempre anda con afán, con mochila tercida, tenis y morral de universitario y disfruta caminar en lugar de ir en carro por las calles de Bogotá.

De hecho, en Chapinero ha sido durante años su 'oficina', donde están las casas de sus amigos de años, que visita sin hacer citas, pide los teléfonos prestados y ya es conocida en los café internet de la zona.

Un viejo amigo diplomático le había pedido a Liduine que simplemente escuchara a los ex guerrilleros, aprovechando que ella estaba en Bogotá. No había compromiso.

En ese primer encuentro, los desmovilizados le contaron que eran un pequeño grupo de desmovilizados de la guerrilla, que no tenía plata y que, después de meses de lucha, nadie les había dado la mano. Estaban al punto de la derrota.

Pagaban el arriendo y los servicios de la oficina reuniendo plata entre ellos de las ayudas humanitarias que les da el Gobierno -entre 300 mil y 500 mil pesos-. Uno de ellos aportó el escritorio y algún samaritano les donó el computador que estaba arrumado.

"Había pocas cosas. Estábamos empezando, todo funcionaba con recursos propios y mucha voluntad", recuerda uno de ellos. Pero dijeron que tenían una idea que había tenido oídos sordos hasta el momento. Contaron que había ex compañeros de ellos encarcelados que no querían ser canjeables y que sabían que, en caso de salir, estarían al poco tiempo de nuevo en la selva.

La presentación de la idea fue precaria, sin papeles, sin diapositivas, pero a Liduine, con por lo menos tres décadas trabajando como defensora de derechos humanos (así se califica), le sonó: "No tenían claro qué hacer, la fundación no estaba constituida, ni tenía estatutos, ni actas, nada. Pero la idea que tenían en sus manos tenía un verdadero potencial".

Para ese día ya había pasado un encuentro entre un grupo de 80 guerrilleros de las Farc y Eln presos en la cárcel de Bellavista, en Medellín, y víctimas de masacres como la Chinita y el Oso, en el Urabá, así como de Bojayá y Machuca (Chocó).

Pidieron perdón y manifestaron públicamente que no querían regresar a la guerra.

Convencer y convencer Aunque la idea estaba en la cabeza de todos, había que darla a conocer. Se presentó la propuesta a la Vicepresidencia, a la Presidencia, al Ministerio del Interior, donde poco a poco fue sonando en algunos funcionarios cercanos al presidente Álvaro Uribe y otros no lo veían viable.

Lo que más llamó la atención de la iniciativa era que la desmovilización de presos podría golpear las estructuras de la guerrilla en las cárceles, donde desde combatientes rasos hasta comandantes siguen las directrices del secretariado de las Farc.

Aunque ya se estaba gestionando el tema en el Gobierno, faltaba lograr sondear en las cárceles, donde iban a buscar que los guerrilleros presos firmaran un formulario en el que se comprometían a no volver a delinquir y a dejar las armas.

El inicio no fue fácil, pues los ex guerrilleros debían comentarles a algunos de sus amigos en las cárceles para que los recibieran y así escucharan sus propuestas. La labor se dificultaba aún más, porque la comunicación, como lo fue durante todo el proceso, se hizo a través de cartas, que se demoraban en llegar, o cuando los mismos presos interesados podían llamar, comunicaciones que, al final, resultaban telegráficas.

Correría en medio de amenazas Iniciaron los viajes a las cárceles, pagados del bolsillo de ellos mismos.

Eran jornadas que comenzaban en la madrugada y terminaban a altas horas de la noche. En las prisiones se reunían con los amigos del proceso que habían solicitado su visita, que ya habían expresado la voluntad de salir de la guerrilla y que pedían apoyo y asesoría.

Las historias se repetían en cada prisión que iban, desde La Modelo, La Picota y el Buen Pastor, en Bogotá, hasta la de La Dorada, Picaleña, en Ibagué, o Cómbita, en Boyacá.

El perfil: guerrilleros jóvenes, que llegaron a la guerra entre los 11 y 13 años, que se fueron a las filas de estos grupos por pobreza, violencia en la casa o abandono, algunos que no saben leer ni escribir. Muchos dijeron que llegaron por "ayudar a la mamá", tienen hijos e incluso hay varios casos de indígenas que se les dificultaba hablar español, así como de discapacitados, que cayeron en minas antipersona que les tocó poner.

En el transcurso de la correría se presentaron inconvenientes en las mismas cárceles, cuentan los promotores del movimiento, como que los guerrilleros que no estaban de acuerdo con las visitas hacían tanto ruido que no dejaban apenas conversar.

En otros casos, las amenazas dentro de las cárceles se empezaron a conocer. Algunos fueron golpeados y terminaron en el hospital; otros pidieron que los dejaran en los calabozos de las prisiones mientras pasaban las agresiones.

En estos últimos meses, las amenazas, por medio de panfletos, correos electrónicos y llamadas, no solo llegaron a los que se fueron involucrando en el movimiento, sino que también las sufrió Zumpolle, a quien le tuvieron que poner escoltas.

La mayoría venía de las milicias de las Farc en Bogotá. A uno de los ex guerrilleros que estuvo desde el principio en el movimiento le mataron tres familiares y otro, que también recibió amenazas, fue asesinado en Cali, aseguran los del movimiento.

Mientras todo esto sucedía, las gestiones con el Gobierno Nacional continuaron y se anunció un decreto que resolvería las salidas jurídicas para la desmovilización individual y que los que tienen delitos de lesa humanidad cometidos antes del 25 de julio del 2005, sean acogidos por Justicia y Paz, mientras que los condenados o en proceso por rebelión serían indultados. Todo esto con la condición de que tienen la voluntad de colaborar con las autoridades con información.

En el proceso participaron desde el Alto Comisionado para la Paz, la Fiscalía, los ministerios del Interior y de Defensa, este último tuvo sus reparos, pues no se quería desmoralizar a la tropa con la expedición de la norma.

Al mismo tiempo, se dio a conocer la iniciativa a embajadores de la Comunidad Europea y de América Latina, con el fin de buscar un apoyo futuro para los desmovilizados.

Fue hasta la semana pasada que salió el decreto y se conoció el balance de la correría: más de 600 guerrilleros firmaron los formularios y de estos 10 son comandantes que serían de importancia para las Farc para un eventual canje.

Además, la mayoría de los guerrilleros presos están condenados o con procesos por delitos graves, como homicidio y terrorismo, y hay jefes que tienen un importante conocimiento de los tentáculos financieros de las Farc.

REDACCIÓN JUSTICIA