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Boyacá ganó 'round' en pelea por Empresa de Licores del departamento

Consejo de Estado dice que Gobierno regional puede dar por terminado el contrato de concesión de la producción y la comercialización de licores de Boyacá.

Una fallo del Consejo de Estado se convirtió en las últimas horas en un espaldarazo de la justicia a la pretensión que han tenido los gobiernos de Jorge Eduardo Londoño y José Rozo, de dar por terminada la concesión del negocio para la producción y la comercialización de los licores de Boyacá.
En efecto, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo resolvió revocar el auto de fecha 15 de octubre del 2004, proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, el cual decretó medida cautelar de suspensión de los efectos jurídicos de la resolución 0226, del 25 de agosto del 2004 y de la resolución 0227 de agosto del 2004, que fueron expedidas por el gobernador de ese entonces, Jorge Eduardo Londoño.
Lo que en esencia dice el Consejo de Estado es que el Gobierno del departamento sí puede dar por terminado ese contrato, que fue firmado en el 2003 por Miguel Ángel Bermúdez, y que terminó con su destitución por parte de la Procuraduría General de la Nación.
En el 2004 la Procuraduría y el Zar anticorrupción solicitaron que el Gobierno diera por terminado ese contrato, pero en ese momento, como ahora, resultaba muy riesgoso tomar esa medida, pues se corría el riesgo de que quien había ganado el proceso convocado por Bermúdez presentara una millonaria demanda de indemnización.
Ahora muchos piden prudencia, incluso el propio concesionario, pues el riesgo continúa, pues ni el Tribunal Contencioso ni el Consejo de Estado han determinado todavía que el contrato esté viciado y sobre ese tema hay procesos vigentes que no han sido resueltos.
El ex gobernador Jorge Eduardo Londoño Ulloa dice que este es un triunfo para su administración, pues el Consejo de Estado está reconociendo que una medida tomada por su administración fue jurídicamente legal, pero, sobre todo, responsable con Boyacá.
Por su parte Raúl Alberto Cely, quien fue secretario de Hacienda de Londoño y quien ocupa el mismo cargo en la actual administración, es el más convencido de que el negocio debe ser asumido de nuevo por el departamento.
Cely dice que en el 2004 el Gobierno creó una unidad especial para manejar la empresa, que se puede poner en funcionamiento en cualquier momento.
"Listos para recibirla": José Rozo Millán
"Recibimos con inmensa complacencia la devolución de la Licorera a los boyacenses. Ese es un logro del doctor Jorge Eduardo Londoño, quien creó en el 2004 la unidad administrativa especial para administrar la Licorera, pero que fue objetada por los concesionarios en su momento y el Consejo de Estado acaba de resolverla mediante una providencia.
Una vez que nos notifiquen de la providencia entraríamos a administrar la Licorera. En el 2004 se creó mediante ordenanza una unidad administrativa especial dependiente de la Secretaría de Hacienda y esta será la encargada de recibir la Licorera.
Ya dispusimos que se hagan estudios jurídicos y financieros, con cuyas conclusiones nosotros adoptaremos la alternativa que más convenga al pueblo boyacense.
Todo será consultado con el pueblo. Una Licorera bien manejada es bastante rentable. Seremos muy cuidadosos en el tránsito para recibir la empresa".
'Hay que tomar el toro por los cachos': Herrera.
Jorge Herrera Jaime, actual alcalde de Paipa y quien durante 17 años se desempeñó en varios cargos técnicos y administrativos en la Industria Licorera de Boyacá, dice que poner a funcionar la empresa como entidad oficial es posible y no tiene mayores complicaciones, 'siempre y cuando el departamento tome el toro por los cachos'.
"El gran reto es limitar la burocracia. Las tareas de contabilidad y administración pueden ser asumidas por funcionarios del Gobierno departamental", aconseja.
Agrega que hay que fortalecer la parte técnica, para lo cual hay que contratar personal experto, que puede ser el mismo que laboró con la empresa cuando era del departamento y que ahora ha estado vinculado con el concesionario.
Finalmente, dijo que también es necesario reforzar el equipo de ventas y mercadeo.
'Gobernador no puede ser irresponsable'
El concesionario propone un debate que permita definir cuál debe ser el futuro de la empresa.
Fernando Acevedo, uno de los accionistas y representante legal de la Industria de Licores de Boyacá, firma que recibió la concesión por parte del gobernador Miguel Ángel Bermúdez, dice que él está tranquilo.
En su concepto, nadie todavía ha dicho o ha podido demostrar que el contrato esté viciado de nulidad, razón por la cual es necesario esperar que sea la propia justicia, a través de un Juzgado Administrativo y del Tribunal Contencioso, quien se pronuncien sobre los aspectos de fondo en ese tema.
Según Acevedo, su empresa le ha estado cumpliendo al departamento por todos los conceptos y en estos cinco años le ha transferido al departamento más de 52.000 millones de pesos para salud y educación, una cifra que no se había registrado nunca en la historia de la empresa.
"Lo que el Consejo de Estado dice es que el Gobernador puede dar por terminado el contrato de concesión: ese es un pronunciamiento sobre la forma, pero nunca ha dicho que lo debe hacer", anota.
Subraya Acevedo que la firma que él representa ha demostrado que se puede ser eficiente y productivo, al contrario de lo que sucedió con la empresa durante casi 50 años en que fue víctima de politiquería y corrupción.
Acevedo dice que en estos cinco años su empresa ha desarrollado nuevos productos, ha cumplido todas sus obligaciones y ha realizado mantenimiento de las instalaciones y de la maquinaria.
"El Gobernador no puede ser irresponsable con los boyacenses. Que nos cuente qué es lo que piensa hacer y nosotros le decimos lo que hemos hecho", anota Acevedo y agrega que sería conveniente realizar un debate para determinar cuál debe ser el futuro de la empresa.
Según Acevedo, el concesionario tiene pendientes firmas para maquilar productos de otras licoreras, está en proceso de firmar contratos para exportar sus productos y adquirió una línea de envase en Tetra Pak.
"Si dan por terminado el contrato, cuando apenas llevamos cinco de 20 años en que está pactada la concesión, presentaremos una demanda millonaria en la que el departamento se podría ver muy afectado", indica.
El negocio
"Nosotros no estamos dando la pelea por las transferencias. Esas las tiene que hacer quien realice la producción, así sea departamento o particulares", dice Raúl Cely, secretario de Hacienda.
Según el funcionario, lo que realmente hace que el negocio sea leonino contra los intereses del departamento es que el contrato sólo contempla una participación para Boyacá en el negocio del tres por ciento.
Cely dice que no hay nada personal contra Acevedo o alguno de los representantes del concesionario.
"No ha cumplido"
El abogado Gustavo Romero, quien hace un poco más de tres años presentó una acción popular para que el Gobernador Londoño no diera por terminado el contrato en forma unilateral, por el riesgo que eso representaba para el departamento, dice que el concesionario no ha estado cumpliendo las cláusulas establecidas en el contrato.
Romero presentó esta semana una demanda para que la Industria de Licores de Boyacá pague más de 30 mil millones que, según él, debió haberle cancelado al departamento por concepto de participación en el negocio de la venta de los licores.
Afirmó Romero que lo más preocupante de este tema es que el Gobierno departamental, que insiste en dar por terminado el contrato, no ha hecho ese cobro, generando un detrimento para las arcas.
Romero dijo que el Gobernador Rozo debe actuar con mucha prudencia y cautela a la hora de tomar una decisión sobre el futuro de la empresa, pues se expone, en primer lugar, a una demanda millonaria de indemnización y, en segundo lugar, a que un Juzgado o el Tribunal determinen en un futuro que el contrato no está viciado.
¿Puede haber una conciliación?
Lo ideal es estos casos es que las partes se pusieran de acuerdo, pero en este caso es muy difícil debido a las malas relaciones que el concesionario ha mantenido con el actual Gobierno.
En diálogo con Boyacá 7 días, Acevedo señaló que estaría dispuesto a estudiar una fórmula diferente que evite la demanda y que incluso se podría pensar en la creación de una empresa de economía mixta.
Por su parte, Raúl Cely dice que el Gobierno le reclama al concesionario que le permita al departamento participar en las utilidades del negocio, que son millonarias, y que de otra manera no hay trato.
Señala Cely que el concesionario tiene unas grandes ventajas, pues lo que maneja es un monopolio, tiene unas instalaciones con un muy bajo canon de arrendamiento y unos productos que están posesionados y que tienen gran reconocimiento en el mercado.
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