No obstante, reconoció que "hizo falta una mayor difusión" de esa investigación, realizada por la Universidad de Los Andes y el Dane con 87.750 jóvenes de colegios públicos y privados.

Se trata de la encuesta más grande que se haya realizado hasta ahora en la ciudad sobre violencia escolar, y que se aplicó entre marzo y abril del 2006.

La investigación, que salió a la luz pública gracias a una denuncia de la concejal Gilma Jiménez, señala que el 56 por ciento de los estudiantes ha sido robado dentro de su colegio en el último año.

Al mismo tiempo, trae cifras elevadas de maltrato físico, verbal y porte de armas como cuchillos que, según los investigadores de Los Andes, dejan a Bogotá con una violencia escolar más delicada que la de El Salvador.

Sobre la polémica suscitada sobre el ocultamiento de ese estudio, la secretaria de Gobierno, Clara López, explicó durante una rueda de prensa que los prmeros resultados del estudio se consolidaron en abril del 2007 (hace 11 meses) y que en su momento fueron publicados en un boletín de ese despacho.

"Esto no ha sido un informe secreto, es público. Lo que ocurre es que toda la información que producimos no la convertimos en informes de prensa. Ese estudio es motivo de análisis y reflexión para las políticas públicas del Distrito", añadió la funcionaria.

Por su parte, el secretario de Educación, Abel Rodríguez, reconoció que las cifras son "preocupantes", pero insistió en que "nuestros estudiantes no son delincuentes" y pidió no estigmatizar a la población escolar.

"Los resultados no pueden ser (tildados) de alarmantes o dramáticos. Nuestras aulas no son islas impenetrables frente a la realidad del pais y nuestra responsabildad es tomar medidas pedagógicas y no policivas", aseguró Rodríguez, quien anunció que se redoblarán todas las políticas de choque contra la violencia escolar.

El funcionario hizo un recuento de todas las políticas diseñadas por el Palacio Liévano para luchar contra la violencia escolar, y destacó, entre otros, la cátedra de derechos humanos en 337 colegios oficiales, o la puesta en marcha del Proyecto Hermes en 162 colegios, en asocio con la Cámara de Comercio, y que busca convertir a los estudiantes en gestores de resolución de conflictos.

Sin embargo, la polémica no para. La concejal Jiménez anunció que estudia la posibilidad de proponerle en los próximos días al Concejo una moción de censura contra el secretario Rodríguez, "porque era el secretario de la época cuando se conocieron los resultados del estudio y el análisis de los mismos".

Si la moción de censura es votada positivamente por la mitad más uno de los miembros del Concejo, es decir, por 23 concejales, Rodríguez debería dejar el gabinete. Esta situación es hoy prácticamente imposible, si se tiene en cuenta que el alcalde Samuel Moreno cuenta con una aplastante mayoría de 40 concejales en el cabildo.

Además, hace dos días, en diálogo telefónico con EL TIEMPO, Rodríguez dijo que la decisión de publicar o no el estudio era de la Secretaría de Gobierno.

"Esto no se va a quedar solo en los medios. Vamos a dirigir un oficio a la Procuraduría para establecer si, debido a que el estudio no fue revelado, los funcionarios implicados deben ser investigados disciplinariamente", puntualizó la concejal Jiménez.

yeslan@eltiempo.com.co Hasta en obras de teatro, como en esta creación de ocho jovenes Constructores de Paz, se refleja el tema de la violencia escolar. Archivo / EL TIEMPO