Daniel, Odilia y Aidé (un indígena kankuano, una ex militante de la Unión Patriótica (UP) y la líder del principal sindicato de campesinos del país) representan a las víctimas de Colombia.

Ellos piden que se cumplan sus derechos de verdad, justicia y reparación. Los tres hacen parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado con el que se sintieron identificados hace 4 años en Bogotá. Estas son sus historias.

Exterminio a Kankuamos Daniel no ha dejado de pensar por qué, aunque cree tener unas razones.

Después darle vueltas en la cabeza al asunto, este indígena kankuano de 31 años, ha encontrado tres hechos que pueden explicar por qué los paramilitares han asesinado a 283 indígenas de su comunidad desde 1996 hasta hoy.

El primero es que la zona donde la etnia estaba ubicada (Río Seco, corregimiento de Valledupar) era un corredor utilizado por la guerrilla para subir a los secuestrados a la Sierra Nevada de Santa Marta. "Tal vez creyeron que los indígenas auxiliaban en esta labor a las Farc".

También ha llegado a creer  que en esta zona se planearon varias obras de infraestructura, como el aeropuerto de la ciudad, y los indígenas estorbaban para cumplir con ella.

Y la tercera razón que encuentra es una venganza, a raíz de que un kankuamo que trabajaba como vigilante del Club Campestre de la ciudad le disparó a un joven de una prestante familia porque intentaba entrar a una fiesta por el patio trasero.

Sea lo que sea, lo cierto es que grupos paramilitares persiguieron y asesinaron a casi la totalidad de esta comunidad precolombina indígena que habitó históricamente los territorios ubicados desde el norte de Valledupar hasta la Sierra Nevada.       Daniel, que estudiaba trabajo social en Riohacha (Guajira) y colaboraba con la pastoral, se salvó porque el 5 de agosto del 2004 a las 6 de la mañana, civiles armados le dijeron en el centro de la ciudad: "si no se va le pasa lo mismo que a su compañero Fredy Arias - quien había muerto el día anterior-. Ustedes los kankuamos son una peste".  Entonces, decidió viajar a Bogotá.

Desde ese momento la capital ha sido su refugio. "Desde aquí no hemos dejado de denunciar los hechos, porque el único delito que cometimos fue ser Kankuamos, y no pensamos que eso era un delito en Colombia - dice Daniel - . Marcharemos porque creemos que el paramilitarismo no se ha desmovilizado y queremos saber quién está detrás de 'Jorge 40', porque allá aún siguen matando indígenas".    Por las víctimas de la Unión Patriótica En el piso 25 del Edificio de Avianca de la capital, al pie de más de 200 retratos de políticos asesinados por hacer parte de la Unión Patriótica (UP), Olidia recuerda los trágicos momentos de su vida.

Por ser parte de la UP ha tenido que enterrar a dos hermanos, pagar cinco meses de cárcel, ser torturada, buscar a un sobrino víctima de desaparición forzada y perder a su único amor en la vida. "Lo mataron fuerzas oscuras por pensar distinto", dice.

Odilia fue concejal del municipio de El Castillo (Meta) en el año 87. Había sido líder comunal de organizaciones de mujeres en la zona y decidió que el programa que presentó la UP favorecía los intereses de sus  pobladores.

La vinculación al partido y el gobernar como miembro de la UP han sido su muerte en vida. Desde que se salvó del atentado en El Castillo no ha hecho más que esconderse para que no la maten, como les sucedió a otros compañeros del movimiento.

"Marcharé por la memoria de todos mis muertos. Por los militantes de la UP. La marcha es la única forma de expresar un sentimiento que nos haga visibles, porque el Estado no nos ve como víctimas. Es un mensaje a la juventud para que esto no vuelva ocurrir nunca más", expresa Odilia, de 55 años.

La voz de los campesinos Aidé Moreno es la presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro). Representa a 64 organizaciones de campesinos del país, que a través suyo han denunciado 650 asesinatos de labriegos que hacían  parte de grupos base de este sindicato.

Su oficina está llena de víctimas que buscan en ella la única forma de hacer visible un problema o situación al que nadie le para bolas. Como el caso de la esposa de Víctor Julio Soacha, un campesino de 56 años que está enterrado a la orilla del río Llamanes, cerca del municipio de El Castillo (Meta).

Ahí lleva en una fosa común 5 años, desde cuando un grupo de paramilitares lo asesinó.

Su esposa no tenía cómo trasportarlo al pueblo y con un grupo de vecinos decidió enterrarlo en ese lugar, del que ha intentado moverlo pero por la negativa de los forenses no ha podido hacerlo. Le pide a Aidé ayuda.

Casos como este, todos relacionados con campesinos víctimas de diferentes flagelos, tiene que solucionar esta mujer a diario.

"Hemos sido víctimas del terrorismo de Estado en el agro. Nosotros vamos a salir a marchar con fotos de campesinos a los que les han quitado sus terrenos, o han sido asesinados o desplazados", afirma.

JUAN GUILLERMO MERCADOCÓDIGO DE ACCESO