El equipo de juristas que se encargará de llevar el caso lo integran los internacionalistas Rafael Guarín y Vicente Torrijos; el penalista Jaime Lombana y el constitucionalista Eduardo Montealegre.

Ellos, junto con la Secretaría Jurídica de la Presidencia, serán los encargados de explorar los argumentos jurídicos y probatorios para tratar de llevar al mandatario venezolano ante la justicia internacional por su presunto apoyo a organizaciones terroristas como las Farc.

El ex magistrado Montealegre explicó que esta Corte sí tiene competencia para investigar y juzgar delitos de lesa humanidad, a pesar de la salvaguardia que impuso el Gobierno de Colombia de siete años sobre la vigencia del Tratado de Roma sobre el país.

Recordó Montealegre que la salvaguardia fue establecida para crimenes de guerra, pero no para delitos de lesa humanidad.

Montealegre señaló además que la CPI tiene competencia cuando los Estados no garantizan la administración de justicia adecuadamente.

"¿Existirán suficientes condiciones de equilibrio e igualdad en los mecanismos de justicia de Venezuela?", se preguntó Montealegre en referencia al control de Chávez sobre todos los poderes del Estado en su país.

Colombia intentará comprobar la comisión de tres conductas por parte de Chávez: Colaboración con los delitos que cometen las Farc y financiación de sus actividades; haberles facilitado el territorio de Venezuela para cometer acciones contra Colombia y compartir con ellos intereses para trabajar un proyecto político, económico y militar.

Torrijos dijo por su parte que Colombia se siente en capacidad de llevar a Chavez a la CPI.

Guarín afirmó que en caso de que la CPI encuentre responsable a Chávez de estas conductas, podría ser condenado a cumplir una pena en prisión.

Uno de los primeros anuncios realizados fue el de solicitar la cooperación técnica de organismos como la Interpol o la Europol para realizar peritazgos a los computadores hallados a 'Raúl Reyes' y certificar la veracidad de las pruebas halladas.