El despacho de Julio César Turbay Quintero ha encontrado irregularidades en el manejo de esos recursos y de los excesos de liquidez o excedentes financieros en departamentos y municipios.

YAMID AMAT: ¿En qué consiste la anomalía en el uso de excedentes financieros? Julio César Turbay Quintero: Hay un serio problema en el manejo de esos excedentes de las entidades públicas. Son dineros que tienen disponibles en caja, cuentas corrientes, depósitos de ahorro o cualquier otro título financiero. Son recursos que de manera inmediata no se destinan al desarrollo de las actividades que constituyen el objeto de esas entidades. La Contraloria ha encontrado que esos recursos están expuestos a ser mal utilizados y desviados, afectando el patrimonio público.

¿Y en qué se están invirtiendo esos excedentes? Muchas veces se prestan a particulares, lo cual es ilegal y contrario a todo principio de la gestión pública. Además, se invierten en actividades riesgosas, que tampoco guardan relación con las finalidades del Estado.

¿Cuántos procesos por ese motivo ha abierto la Contraloría? Se han proferido dos autos de apertura de indagación preliminar, que por mandato legal están sometidas a reserva.

Fiducias se han utilizado para negocios irregulares ¿Y los problemas con las fiduciarias? El negocio fiduciario por si mismo no es irregular ni riesgoso. Lo que hemos detectado es que esta figura se ha utilizado para realizar negocios irregulares y, en el campo específico de las regalías, para usar dineros públicos con destinación especifica en beneficio de particulares. La cuantía de recursos comprometidos en este tipo de negociaciones a la fecha alcanza la suma de 267 mil millones de pesos.

¿En qué regiones? Están relacionados con cinco entes territoriales: Meta y Casanare y los municipios de Villavicencio, Yumbo y Castilla la Nueva. La suma es escandalosa y muestra una especie de feria de dineros públicos y manejos arbitrarios de significativos recursos. Revisada la ejecución de algunos de los negocios, hemos hallado serías inconsistencias en los gastos ejecutados, por cuanto no guardan relación con el objeto del contrato.

¿Qué es lo que usted llama "feria" de dineros públicos? La indebida destinación de dineros públicos a través de prestamos a particulares, que usufructúan del erario, dejando a un lado los compromisos de inversión social.

¿El gobierno central está al tanto de todo esto? Me reuní con la Directora de Planeación Nacional para ponerla al tanto de esta grave situación, como quiera que esa entidad tiene la responsabilidad de la inspección y vigilancia de los recursos de regalías y contrata las interventorías. En esa oportunidad, comentamos sobre el decreto que expidió el Gobierno ordenando que se deshagan los negocios realizados mediante mecanismos absolutamente irregulares.

Gobernadores y alcaldes están advertidos ¿Qué ha hecho la Contraloría en ese sentido? Acabamos de enviar una función de advertencia a todos los gobernadores y alcaldes del país, a las fiduciarias y a la Superintendecia Financiara alertando sobre "el alto riesgo de pérdida de recursos públicos comprometidos en las mencionadas operaciones, si no se ejecutan las acciones tendientes a la recuperación de tales recursos en el proceso de desmonte de las fiducias, teniendo en cuenta que los patrimonios autónomos constituidos a la fecha carecen de los recursos necesarios para devolver la totalidad de los dineros invertidos por las entidades estatales".

¿Todos estos préstamos irregulares han sido hechos por alcaldes y gobernadores? En relación con los recursos de regalías, es evidente que las negociaciones siempre han sido autorizadas por las autoridades territoriales, aunque no siempre ellas suscriben los contratos.

¿Qué dificultades ha encontrado la Contraloría en desarrollo de las investigaciones? Las auditorias son muy complejas por el tipo de negocios que se efectúo, por el numero de quienes intervienen y el número de operaciones realizadas. Le muestro este caso: el 28 de diciembre del año 2007, la representante legal de Fiduagraria, Lucero Jiménez, expidió una certificación (documento #1) en la que hace constar que, en desarrollo del contrato de fiducia mercantil entre Cosacol S.A y Fiduagraria, ingresó la suma de dos mil millones de pesos. Y hace dos días, María Fernanda Zúñiga, presidenta de Fiduagraria, nos envía una constancia (documento #2) en la que dice que "no existe evidencia de que hayan ingresado 2.000 millones de pesos a las cuentas del fideicomiso". Ese es otro ejemplo de las inconsistencias en la información y de los obstáculos encontrados para determinar el destino de los recursos y la dimensión del daño causado al patrimonio público.

¿Usted ha denunciado estos descubrimientos ante Fiscalía y Procuraduría? Sí. Envié comunicaciones al Fiscal y al Procurador en las que pongo en conocimiento de ellos las irregularidades descubiertas y les solicito que, en el marco del convenio interinstitucional de lucha contra la corrupción, unamos esfuerzos en las investigaciones a que haya lugar.

¿Todos estos préstamos que se han hecho a particulares con dineros de regalías y excedentes financieros son ilegales? Sí. La ley prohíbe la utilización de esos recursos para dar crédito a particulares. Y hay casos tan graves como el de Green Mountain, que hasta el momento no ha restituido 7 mil millones de pesos que el Departamento de Casanare le prestó para la exploración de esmeraldas. Se presume que si no existen fuentes de pago ni garantías que hagan cobrable los recursos, ese dinero está perdido.

¿En todos estos casos de irregularidades en el manejo de dineros públicos, solicitó información de la Superintendencia Financiera? Envié una comunicación al Superintendente Financiero, en la que lo requiero para que informe sobre sus acciones de vigilancia y control sobre las fiduciarias públicas y privadas que manejan recursos públicos con los que se presentan situaciones irregulares.

¿Cómo definiría usted lo que ha descubierto en el manejo de regalías? El manejo que se ha hecho de las regalías es aberrante y monstruoso, en virtud de que son miles de millones que, a través de los años, se han desviado y perdido; y no han llegado a la comunidad para mejorarle sus condiciones de salud, educación, agua potable y saneamiento ambiental.

¿Y qué ha hecho usted ante la situación descubierta? Existe un convenio con la Fiscalía y la Procuraduría para hacer seguimiento cercano y directo al manejo de las regalías y hemos constituido unos grupos de seguimiento en los diferentes entes territoriales para vigilar esos recursos y la inversión que se haga con ellos. Estamos próximos a suscribir un convenio con Planeación Nacional para intercambio de información y análisis de las quejas y denuncias, con el fin de determinar su impacto y magnitud. Desde hace muchos años, Planeación viene invirtiendo importantes recursos en el pago de interventorías para vigilar la inversión de las regalías, que, en concepto de la Contraloría, no han logrado evitar su mal manejo.

¿Planeación ha aceptado esa ineficiencia en sus controles? Sí, su directora, Carolina Rentería, sostiene que va a revisar la efectividad de las interventorías y que va a proceder en consecuencia en aquellas que encuentre que son ineficientes para suspenderlas y darlas por terminadas. El jueves pasado canceló una, la Unión Temporal UTI, que había sido absolutamente ineficiente y que, además, había descubierto la participación de una persona que aparecía en la consultoría y también en un préstamo.

¿Quién hizo y cómo fue la operación? Lo sabe la directora de Planeación.

¿Cuál es la fórmula para evitar estas irregularidades? Desmontar los créditos hechos con regalías; reglamentar rígidamente su administración, manejo e inversión para garantizar que esos recursos se utilicen bien y en forma transparente, se inviertan adecuadamente y beneficien realmente a la comunidad. Hoy hay una presencia de corrupción en el manejo de las regalías escandaloso, inaudito, inaceptable. El Estado tiene que reaccionar, pero no de cualquier manera, sino radicalmente, para evitar que se sigan manejando los recursos irregularmente, y que se sigan perdiendo las cuantiosísimas sumas de dinero que hoy se están perdiendo. No tengo ninguna duda en afirmarle que el nivel de corrupción que estamos encontrando en el manejo de regalías, de excedentes de liquidez es absolutamente asombroso.

Al margen de lo que le pide al gobierno central, ¿usted qué va a hacer? Reaccionar de una manera categórica, para que el control fiscal, aunque es posterior y selectivo, produzca resultados inmediatos, oportunos y contundentes. Se requiere una reforma integral para la reglamentación de estos recursos, con el fin de evitar que se sigan desviando, malgastando y perdiendo, y que determine un mayor control y vigilancia administrativa. No tiene perdón de Dios, que habiendo en este país tantas necesidades, los escasos recursos que se obtienen con las regalías se los estén feriando y malgastando.

¿Se nos va a acabar el petróleo y no nos va a dejar sino el mal recuerdo de cómo se malgastaron las regalías que le produjo a las regiones? Confío en que la naturaleza siga premiando a nuestro país, para bien de la comunidad y no de los corruptos.

YAMID AMATESPECIAL PARA EL TIEMPOOpine en yamidamat.com.co