Según el CTI en Risaralda, en el 2007 se presentaron 320 personas a diligenciar los formularios como víctimas de las AUC, de las cuales al menos la mitad corresponde a casos ocurridos en Risaralda.

Viajar en moto vestido completamente de negro y con botas pantaneras le significó la muerte a Pedro Antonio (*). Este agricultor de 23 años, residente en Anserma (Caldas), decidió un fin de semana visitar a sus padres residentes en zona rural de Santuario (Risaralda).

Por el color de su ropa y sus botas pantaneras, hombres del frente Héroes y Mártires de Guática -grupo paramilitar que tenía 'copada' esta localidad de unos 15.000 habitantes-, lo detuvieron y lo acusaron de ser guerrillero. Su padre supo de la 'captura' pero fueron inútiles sus ruegos. Lo subieron en un vehículo y no supo más de él.

En Risaralda también se recuerda el caso de una joven de 22 años vendedora de mercancías en La Virginia, que había llegado del Meta. Provenir de esa región la hacía sospechosa y la retuvieron en la vía y fue llevada a Santuario. No se supo más de ella.

A ella se suma un joven de La Virginia que se integró a los paramilitares en los primeros meses de 2005. A los dos meses entendió su error. Salió de la vereda La Esperanza, y cuando iba por La Marina en moto, huyendo del grupo, sus mismos amigos lo detuvieron y lo regresaron. Sus padres desconocen su paradero.

Son tres de al menos 160 personas cuyos familiares esperan en Risaralda que los jefes paramilitares digan dónde se encuentran los restos de sus allegados.

La esperanza está cifrada en las declaraciones que ante los jueces de Justicia y Paz brinde Carlos Mario Jiménez 'Macaco', jefe del Bloque Central Bolívar, del que hacía parte ese frente paramilitar.

Sin embargo, esa esperanza se desvaneció un tanto con la versión de 'Macaco' sobre la exhumación de 40 fosas en Santuario y su cremación ante el pánico que se había desatado entre sus hombres acosados por 'fantasmas' y 'posesiones' por parte de sus víctimas.

Los 'paras' ingresaron a Risaralda en el 2000 y lograron dominio en Santuario, Belén de Umbría, Apía, Guática y La Virginia, e influencia en Dosquebradas y Pereira.

Un Juez de Conciliación de Dosquebradas manifiesta que aún hay mucho temor para acercarse a reclamar como víctimas de los 'paras' pues hay muchos mandos sueltos que siguen haciendo presión y haciéndose sentir.

A esa situación se suma que en el Eje Cafetero no opera ninguna oficina de justicia y paz. Los formularios se tramitan en la Fiscalía y otras personas se han acercado a la Defensoría.

Luego son enviados a Bogotá, donde se hace su evaluación para establecer si los demandantes pueden entrar a hacer parte de las víctimas de los 'paras' y posteriormente la documentación se reenvía a las regionales. Aquí los investigadores deben hacer una segunda verificación de campo. Luego se les asigna un abogado defensor.

También con el 'Cacique Pipintá'La posibilidad de enterrar a las víctimas de los paramilitares que operaron en Caldas, las Autodefensas Unidas Campesinas del Magdalena Medio, que se desmovilizaron, y el frente Cacique Pipintá, que se desmanteló, es un lujo que ningún familiar de ellas se ha podido dar.

El número de muertos que dejaron estos grupos durante 25 años de barbarie ha sido imposible de determinar porque sus máximos comandantes, que están en el proceso de Justicia, Paz y Reparación, no han confesado la autoría de ningún asesinato.

Como consecuencia de esto, a ninguno de los muertos se le ha podido dar cristiana sepultura.

Por su propia cuenta el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de Caldas y Risaralda, sólo han encontrado -en el último año- 15 restos óseos, al parecer de víctimas de ajusticiamientos de los 'paras', en nueve fosas comunes en apartadas zonas rurales del corregimiento de Bolivia y los municipios de Samaná y Victoria, en el oriente de Caldas.

En el laboratorio del CTI en Pereira se inició el procedimiento de identificación de los restos, pero según su director, Jorge Mario Trejos, "aún no se ha podido establecer a quien pertenecían porque aún no hay ningún resultado de las pruebas de ADN que se hicieron en el laboratorio genético de la Fiscalía en Bogotá".

Perdieron la memoria En el caso de las autodefensas del Magdalena Medio, su cabecilla, Ramón Isaza, más conocido en esta región como 'El Viejo', no ha reconocido ningún crimen debido al supuesto mal de Alzheimer que padece según sus defensores, pero que descartó un examen médico ordenado por la Fiscalía.

'El Viejo' no ha dado información de fosas comunes -y al parecer no lo hará nunca- , pero a las 1.200 familias que esperan una razón acerca de la suerte que corrieron sus familiares, les dio un golpe más devastador con lo único que ha dicho: "a esos muertos los habrían echado al río (el Magdalena)".

Y peor es el caso del Pipintá. Aunque la salud mental de 'Ernesto Báez', su líder, está en perfectas condiciones, él argumenta que no puede confesar asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos y amenazas porque era solamente el ideólogo del grupo.

A diferencia de los 'paras' de Isaza, que depusieron sus armas dentro del proceso de paz con el Gobierno, el 6 de febrero de 2005, los de 'Báez' no se desmovilizaron y sus cabecillas, 'Alberto Guerrero' y 'Jonathan', fueron capturados y juzgados como delincuentes comunes. El Pipintá pertenecía al Bloque Central Bolívar.

Contra el Pipintá hay 52 denuncias de familiares de presuntas víctimas en los municipios de Manizales, Villamaría, Chinchiná, Neira, Palestina, entre otros, las cuales están siendo repartidas en diversas fiscalías. Esas quejas fueron recibidas inicialmente en la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín para la Ley de Justicia, Paz y Reparación.

"De esos casos, diez son de personas que fueron asesinadas al parecer por estos grupos", dijo el personero de Manizales, José Óscar González.

Martha Paniagua, personera de La Dorada (Caldas), donde el número de quejas contra los 'paras' de 'Isaza' superó todos los cálculos, afirmó que además de la supuesta pérdida de la memoria del cabecilla 'para', ha sido la incertidumbre sobre el paradero de los desaparecidos.

"De las 1.200 denuncias, el 65 por ciento es por presuntos muertos, y el 35 por ciento restante por desaparecidos", dijo Paniagua.

Tres casos sin respuesta "Mi esposo era conductor de Rápido Ochoa. Hace nueve años lo mataron en la carretera entre Urrao y Medellín. Lo bajaron del bus y le dispararon", cuenta Carmen (*), quien quedó viuda con dos hijos.

El crimen, según la mujer, se debió a represalias del 'Cacique Pipintá' contra la empresa de transporte por negarse a pagar una extorsión. "Habían intentado matar a otro conductor y no pudieron. Pero con mi esposo no fallaron", dijo. La pareja vivía en Manizales.

Don Enrique (*), un campesino de la vereda Llanitos, de Villamaría, municipio aledaño a Manizales, cuenta que a las 11 de la noche del 26 de diciembre del 2005, hombres del Pipintá al mando de alías 'Franco' sacaron de su casa a uno de sus 10 hijos, de 22 años.

El muchacho, asegura el labriego, apareció baleado al día siguiente a 500 metros de su casa. "No sé porque lo mataron", dice.

"¿Todo lo que hizo y apenas le dieron seis años (de cárcel)? ¡Eso no es justo!". Así reaccionó Marcela (*) a la condena que un juez de Manizales le impuso en marzo de este año a Pablo Hernán Sierra García, alias 'Alberto Guerrero', cabecilla del Cacique Pipintá.

Hernando Lince Quintero y Tiberio Lince Ríos, su hermano mayor y su tío, fueron, según ella, asesinados hace seis y cuatro años por orden de 'Guerrero'.

Él mandó matar mucha gente en el Alto de Lisboa (una vereda situada al noroccidente de Manizales) -relató la mujer-. Yo supe de al menos una lista de 15 personas, entre quienes apareció mi hermano. A mi tío lo mataron después.

A Hernando Lince, de 23 años, según la versión de Marcela, los 'paras' lo mataron a las 9 de la noche del 12 de octubre de 2001, cuando llegaba a su casa. "Primero le pegaron un tiro en la sien izquierda. Y cuando mamá se abalanzó sobre el que le disparó, la agarraron y lo remataron con cuatro tiros más. Entre la camisa le dejaron una boleta que decía: "Por sapo, Auc", relató la mujer.

Marcela se considera doblemente víctima del Cacique Pipintá: un año después de perder a sus dos parientes, debió desplazarse con su madre y su hermana menor a Bucaramanga, donde estaba trabajando temporalmente. "Vendimos la casita y cuatro cuadras de tierra por un millón 300 mil pesos".

La mujer no ha regresado al Alto de Lisboa desde entonces, pero sí vino al cementerio San Esteban de Manizales a realizar la exhumación de sus parientes. Hoy, solo espera que su familia sea compensada económicamente, para lo cual radicó una solicitud ante una fiscalía en Medellín. "Al menos a eso tenemos derecho".

(*) Nombres cambiados REDACCIÓN EJE CAFETERO