Unas 60 plantas de sacrificio de ganado bovino de la Orinoquia podrían ser clausuradas si los municipios no presentan el plan gradual de cumplimiento exigido por el Ministerio de la Protección Social.

El 'apretón' en el sacrificio del ganado bovino los sentirán desde esta semana todos los municipios de la Orinoquia, con la aplicación del decreto 1500 de 2007 que estableció una nueva y exigente reglamentación sanitaria para la inspección, vigilancia y control de la carne y derivados cárnicos para el consumo humano.

Dicho decreto dio plazo hasta éste miércoles para que cada municipio presente ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), ese plan gradual  para el mejoramiento de las plantas de beneficio, también llamadas mataderos o plantas de sacrificio.

De no hacerlo, el Invima las cerrará de manera temporal o definitiva; además de seguir un proceso sancionatorio contra los alcaldes u operadores privados, en caso que se haya entregado  su manejo.

En ese riesgo están 25 plantas de sacrificio de bovinos y bufalinos del Meta (pues hasta el cierre de esta edición solo cuatro municipios había inscrito su plan), 19 de Casanare, 7 de Arauca, 4 de Vichada, 4 de Guaviare, 2 de Guainía y una de Vaupés; que conforman la jurisdicción del Grupo de Trabajo Territorial Orinoquia del Invima.

De aplicarse una medida de cierre la situación será aún más crítica, porque los municipios tendrán que buscar otra planta en donde sacrificar el ganado para abastecer el consumo diario de carne de la población, hecho que acarreará mayores costos de sacrificio y transporte a los 'matarifes' y del precio del producto al consumidor final.

Según el Invima, para el caso del Meta la mayoría de las 29 plantas de sacrificio no cumplen ni siquiera con los requerimientos sanitarios básicos del decreto 2278 de 1982, que estaba vigente.
Además, existe un número no determinado de 'planchones' o mataderos clandestinos, especialmente en áreas rurales de municipios alejados del departamento, que hacen más crítico el control de la calidad de la carne que consumen las personas.

La situación tiene hoy en alerta tanto al Invima como a la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), a los municipios y a la corporación ambiental Cormacarena, entidad que a la par realiza el control de buenas prácticas ambientales en las plantas de sacrificio.

Justamente por incumplir  normas ambientales,  a la fecha están cerrados los mataderos de los municipios de Acacías, Barranca de Upía, El Castillo, Mesetas, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, Vista Hermosa y San Juanito.

Aunque mañana (miércoles) vence el plazo para presentar el plan gradual de mejoramiento de las plantas de sacrificio de acuerdo con los establecido por el decreto 1500 de 2007, los municipios tendrán tres años y medio para cumplirlo, prorrogables seis meses más teniendo en cuenta que el Invima tendrá este último tiempo para programar la visita técnica a la respectiva planta, a partir de este 27 de febrero.