Aunque el lunes en la noche se había logrado un preacuerdo entre los líderes campesinos y las autoridades regionales, aún no hay luz verde para el retorno de las familias desplazadas.

Algunos de los casi 8.000 campesinos que desde hace tres semanas se trasladaron a las cascos urbanos de Tarazá y Valvidia, en el norte de Antioquia, siguen pidiendo ayuda para sustitución de cultivos ilícitos y proyectos productivos en sus veredas.

Según la Gobernación de Antioquia, los últimos hechos de violencia que se presentaron en la vía a la Costa Atlántica y la continua llegada de más campesinos desde las veredas a los cascos urbanos, son provocados por la guerrilla de las Farc.

"Consideramos que dicho desplazamiento ha afectado desde la perspectiva humanitaria a muchos sectores de la población, es especial a niños y ancianos, aumentando sus condiciones de vulnerabilidad y riesgo. En efecto, más del 60 por ciento de la población desplazada son niños, mujeres y adultos mayores", dice la Gobernación en un comunicado.  

Hasta el momento, se han explorado múltiples fórmulas que permitan el retorno a sus parcelas de origen. Sin embargo, según la Gobernación "las Farc, a través de distintos mecanismos de coerción sobre la población, están impidiendo esta posibilidad".

Se espera que hoy se vuelvan a reunir los representantes de los campesinos con las autoridades locales y nacionales para volver a revivir los acuerdos que lleven a un pronto retorno de las comunidades.

EL TIEMPO Medellín