La medida afecta a más del 15 por ciento de las plantas de sacrificio existentes en Boyacá. Temen incremento de mataderos clandestinos y alza en el precio de la carne.

La proliferación de moscas, ratas e insectos, el vertimiento de líquidos contaminados a fuentes de agua, los malos olores y los sonidos generados por el ganado cuando es sacrificado, fueron algunos de los factores que incidieron en el cierre provisional de 15 plantas de sacrificio en el departamento.

A esto se sumaron las deficientes condiciones en las que eran sacrificadas las vacas y los cerdos en lugares rudimentarios, en donde no existían instrumentos adecuados ni condiciones sanitarias.

Por esta razón no era extraño encontrar, entre otras anomalías, las vísceras de las vacas botadas en el piso, producto que, posteriormente, se comercializaba sin importar que roedores, moscas y hasta perros hubieran tenido contacto previo con el alimento.

Con el cierre de estos establecimientos el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) comenzó a poner 'en cintura' a mataderos que no cumplían con las normas higiénico-sanitarias necesarias para expender carne limpia y de calidad.

La medida que fue reglamentada por el Decreto 1500 del 2007, establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para el consumo humano.

De igual forma, los requisitos sanitarios que se deben cumplir en la producción y venta de carne.

La disposición que ha sido bien aceptada por algunos sectores de la comunidad y los consumidores, también tiene detractores pues en la actualidad de las 95 plantas de sacrificio que existen en Boyacá, tan solo las de Chiquinquirá, Sogamoso y  Miraflores   podrían llegar a cumplir con las normas técnicas que exige el Invima y las demás serían cerradas.

Wilfredo Ramírez Castiblanco, gerente de la empresa de Mataderos de Tunja, aseguró que la implementación de la norma era necesaria. "Lo más complejo es conseguir los recursos. El Gobierno nacional expidió la medida pero no tuvo en cuenta que muchos municipios no tienen los rubros necesarios para efectuar las adecuaciones que exigen, entonces tienden a desaparecer", indicó el funcionario, quien agregó que para una población no es rentable invertir cerca de 600 millones de pesos en el acondicionamiento de un matadero si sólo se sacrifican diez vacas a la semana, teniendo en cuenta que por el sacrificio de una res en una planta se cancelan alrededor de 70 mil pesos.

Miguel Rodríguez, director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), dice que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial busca eliminar los mataderos locales para crear frigoríficos regionales y por esa razón dejó desamparados económicamente a los municipios.

Sin embargo, el Invima, como estrategia, para intentar disminuir el impacto económico y social del decreto, extendió hasta el próximo 28 de febrero el plazo para que los mataderos que se inscriban en el Plan Gradual de Cumplimiento, cuenten con tres años de gracia para ejecutar las obras que exige el Instituto.

Los establecimientos que no hagan parte de este listado serán cerrados definitivamente. 

En seis meses han sido cerrados los mataderos de Ramiriquí, Nuevo Colón, Ventaquemada, Tenza, Samacá, Soracá, Santa Sofía, Arcabuco, Gámeza, Floresta, Santa Rosa de Viterbo, Moniquirá, Tutazá, Socotá, Saboyá y Ráquira.

Consecuencias de la norma

Con la vigencia de normatividad los ganaderos del departamento temen que se incremente el precio de la carne y, por tanto, los consumidores disminuyan la compra del producto. El sobrecosto que generaría el transporte de los animales desde los municipios hasta las plantas de sacrificio regionales autorizadas se vería reflejado en aumento de las tarifas.

Ante esta panorámica los comerciantes exigen al Gobierno la adjudicación de subsidios de movilización que evite incrementar los precios.

Armando Ariza, procurador Judicial Agrario, aseguró que otra de las consecuencias que se pueden presentar es la proliferación de mataderos clandestinos ante la falta de recursos para poder cumplir con las exigencias que señala la norma.

Asimismo, la inminente reubicación de la mayoría de las plantas de sacrificio que se encuentran ubicadas en los perímetros urbanos de las localidades hacia otros lugares técnicamente adecuados, donde no representen ningún tipo de riesgo sanitario, es un factor que podría disparar la especulación de la carne.

Darío Bravo, comerciante, dice que cuando cierren los mataderos pequeños, los ganaderos van a empezar a sacrificar el ganado por fuera y a las plantas solo llevarán las reses más grandes, mientras las pequeñas las matarán en los potreros.

Propietarios de expendios de carne solicitan ayuda económica. Invima asegura que hará lo necesario para hacer cumplir la Ley. Controversia.

Así como las plantas de sacrificio, los expendios donde se comercializa la carne también deben ajustarse a la nueva normatividad.

Y para tal fin es indispensable que se realicen cambios técnicos en la infraestructura del lugar y manuales para el adecuado manejo del alimento que permitirán establecer las condiciones higiénicas y de salubridad como será vendido el producto.

Por esa razón, los expendios que deseen continuar deben inscribir su Plan Gradual de Cumplimiento que exige el Invima, antes del 27 de febrero del año 2009 en la Secretaría de Salud del Boyacá.

Andrea Castañeda, asistente de la Dirección General del Invima, aseguró que con la medida el Gobierno no busca perjudicar a los comerciantes o ganaderos, sino garantizar a los consumidores productos de calidad, mediante el control, vigilancia e inspección de las buenas prácticas de manejo para evitar con el tiempo problemas de salud pública.

"Es duro pero toca hacerlo. Mucha gente no sabe los beneficios tanto económicos como sociales que trae inmersa la norma y por eso la critican", señaló la funcionaria, quien agregó que ante la inminente firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos la única forma de poder competir es fortalecer las regiones.

Carlos Eduardo Díaz, médico veterinario de la Secretaría de Salud del departamento, afirmó que los usuarios tendrán que entender en algún momento que la carne mejora su calidad en frío (refrigerada) y no colgada en un gancho. Pablo Suárez, gerente de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, aseveró que era importante implementar esta norma, ya que la actividad del sacrificio en Boyacá es muy informal y es ejercida por personas con poca capacitación.

"La falta de compromiso de algunos ganaderos se ve reflejada en la negativa a someter a sus animales a la inspección sanitaria, pues temen que alguna parte del animal sea descartada y no las puedan comercializar", señaló.

Por su parte, Carmen Pérez, propietaria de un expendio de carne en Tunja, señaló que así como el Gobierno es tan radical para implementar la norma, de la misma forma ellos exigen que se les colabore económicamente para la adecuación y la compra de equipos especializados para sus lugares de trabajo.

"Se que muchas personas estaríamos dispuestas a irnos a paro si no nos ayudan o amplían el plazo, pues realizar todo lo que nos piden cuesta mucha plata", dijo.

Algunos ganaderos cuestionan la falta de reinversión por parte de la Nación, teniendo en cuenta que el gremio de ganaderos aporta cerca de 5 mil millones de pesos anuales al Estado, a través del Fondo Nacional del Ganado, por concepto del sacrificio de los animales y la ganancia en el valor del litro de leche.

Los ganaderos se preguntan por qué de estos rubros no se saca el dinero para la adecuación y reubicación de las plantas de sacrificio municipales.

¿Será que el Gobierno nacional quiere monopolizar el negocio?¿Qué está haciendo la dirigencia gremial del departamento para contrarrestar este problema?, son algunos de los interrogantes de los ganaderos.

"Parece como si el Gobierno quisiera a propósito que quebráramos", apuntó Carmen Pérez, propietaria de una carnicería.