Los enfrentamientos con la fuerza pública impidieron por una hora el tránsito por la carretera que comunica a Medellín con la Costa Caribe.

Al parecer, justo cuando se habían logrado acuerdos de retorno de los labriegos se produjo el combate por la llegada de los antimotines a la zona.

La Gobernación de Antioquia, sin embargo, aseguró que la situación está controlada.

Las autoridades esperan el retorno de los campesinos cocaleros a sus parcelas luego de un acuerdo entre las autoridades regionales y los líderes de la protesta de casi 700 familias que desde hace dos semanas llegaron a los cascos urbanos de Tarazá, Valvidia y Puerto Valvidia, norte antioqueño, para protestar por la erradicación de cultivos ilícitos.

La Gobernación de Antioquia entregará ayudas humanitarias e implementará proyectos productivos para las familias desplazadas.

Así fue la movilización

Por lo menos 5.000 cocaleros interrumpieron el más ambicioso plan del Gobierno, que comenzó hace 15 días, en un corredor que involucra los departamentos de Antioquia, Santander, Córdoba y Bolívar.

Los campesinos provienen, en su mayoría, de enclaves cocaleros tradicionales como el corregimiento La Caucana, de Tarazá (Bajo Cauca); El Aro, de Ituango (norte de Antioquia) y el área rural de Anorí (nordeste).

De esas zonas llegaron a la cabecera de Valdivia, desde el pasado 7 de febrero, 2.154 personas. Otras 2.208 marcharon al corregimiento Puerto Valdivia, y desde el sábado otros 550 están en el coliseo municipal de Tarazá. Nechí también tuvo 500 personas pero volvieron durante la semana pasada.

Se oponen a la llegada de 3.000 erradicadores y 1.800 policías que, desde hace dos semanas, arrancan matas de coca para hacer realidad la meta del gobierno de acabar este año con 100 mil hectáreas.

Por cuenta de las barricadas y los saqueos a carros, la troncal que conduce de Medellín a la Costa Atlántica tuvo cierres intermitentes algunos días pero en general el movimiento no ha originado mayores alteraciones del orden público.

No obstante, la alcaldía de Valdivia mantiene la ley seca para hacer frente a una situación que en menos de dos semanas triplicó su población urbana.

Los líderes dicen que los desmanes los protagonizaron personas ajenas a ellos, pero el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Eduardo Martínez, sostiene que detrás está el frente 18 de las Farc que comanda alias 'Román Ruiz'.

Llegaron los 'arrancadores'

Y no es que la erradicación sea una cosa nueva por esas tierras. Hace un lustro pasaban los aviones fumigando una vez al año y como la coca cosecha cada tres meses tenían tiempo de recuperarse antes del nuevo sobrevuelo.

Gilberto Vera, un raspachín que 'aterrizó' hace 8 años en la vereda La Siberia tras fracasar en Briceño (norte) como cultivador de café y rebuscándose en Medellín, cuenta que el año pasado rociaban glifosato cada tres meses y aún así continuaban avante con las pocas plantas que se escapaban del rocío.

Pero hace dos semanas que las naves ya no traen veneno, sino "arrancadores" de matas y carabineros. No dejan escapatoria porque pasan implacables planta por planta.

La operación se extiende también por zonas vecinas de Córdoba, Santander y sur de Bolívar, pero solo ha generado reacción en Antioquia, de donde son 1.220 de las 4.000 hectáreas que llevan erradicadas, según el coronel de la Policía Antinarcóticos Henry Gamboa.

Como ocurrió en la serranía de La Macarena (Meta) en diciembre del 2006, no han estado exentos de ataques de la guerrilla. La semana pasada un policía murió en Anorí en un enfrentamiento y las minas han herido a ocho erradicadores y dos carabineros.

Los cocaleros reconocen que hace ocho meses varios funcionarios les ofrecieron que se vincularan al programa de Familias Guardabosques y ni uno se anotó porque veían que si habían sobrevivido tanto tiempo con la aspersión aérea, podrían seguir haciéndole el quite a la ley.

En su opinión, 300 mil pesos que les dan a los Guardabosques cada dos meses no alcanzan para nada.

Su petición desde un principio ha sido que los arrancadores y la Fuerza Pública salgan, y que les den una tregua de dos años para pagar las deudas que tienen. El Gobierno sigue con le decisión férrea de que no.

"Nosotros no negociamos un ilícito. Lo que les estamos contando a los campesinos es que tenemos unos programas de sustitución de cultivos. Pero tampoco podemos sembrarles otros cultivos para que ellos sigan cultivando coca", dice Javier Aguilar, el funcionario de Acción Social de la Presidencia que ha capoteado la situación.

Se vislumbra una solución

Este domingo, al final de la tarde, tras una reunión en Tarazá, los líderes de los labriegos parecían ceder al ofrecimiento de que volver a sus campos a cambio de mercado para dos meses y un subsidio de 300 mil pesos para 700 familias.

Fuera de eso, serían incluidos en los programas Familias Guardabosques y Familias en Acción.

Según Hernando Correa, uno de los líderes de los cocaleros, el retorno sería el miércoles. Lo que falta es que se cumpla, pues ya en una ocasión hubo acuerdo sobre los mismos puntos y reversaron la decisión.

El reto para el Gobierno no es solo convencerlos a ellos de que es mejor vivir en la legalidad, sino cambiar la vocación de toda una región que lleva más de dos décadas viviendo de la droga.

Allí construyeron sus imperios cocaleros paramilitares de alto vuelo como Ramiro 'Cuco' Vanoy y Carlos Mario Jiménez 'Macaco', ahora desmovilizados.

Incluso Caucasia es el único de los municipios de este cinturón que no posee coca y sin embargo el 70 por ciento de su economía depende de ella.

Operaciones continuarían hasta acabar con 9.000 hectáreas de cultivos ilícitos

Según el secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la meta es acabar con 9.000 hectáreas de coca ubicadas en Antioquia, de aquí al 30 de marzo.

Esta cifra corresponde al total registrado por la Policía. No obstante, difiere de las 6.157 hectáreas que tiene detectadas la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, organismo que ubica a Antioquia en el quinto lugar nacional.

El 99 por ciento de los sembrados están en el Bajo Cauca, nordeste y norte, y solo unas 300 hectáreas en el oriente. A la salida de los erradicadores del área de trabajo actual, la Policía continuaría en la zona y de comprobar que hay resiembra, harían aspersión aérea y planearían un nuevo envión por medios manuales a los cuatro meses.

La ONU y la Gobernación de Antioquia desarrollan hace un año un programa de sustitución de coca por café con cien familias de Briceño y por cacao con otras cien de Anorí, en el nordeste. Para el 2008 planea extender su acción al Bajo Cauca.

Van por 100 mil hs

• En todo el país hay cerca de 7.000 campesinos haciendo erradicación manual.
• Ganan entre 550 mil y 640 mil pesos mensuales.
• La meta es acabar con 100 mil hectáreas de cultivos ilícitos.
• De estas, unas 23 mil están plantadas en un cinturón que se forma entre el norte de Antioquia, Córdoba, Santander y el Sur de Bolívar.
• Posteriormente los "arrancadores" de coca irán a zonas como las costas Atlántica y Pacífica, el Catatumbo, la Amazonia y Orinoquia.
• El Gobierno dará también una segunda pasada a la sierra de La Macarena, donde erradicó en el 2006 a pesar de los ataques de las Farc que cobraron la vida de 30 personas entre erradicadores y militares.
• Este plan le cuesta al Gobierno unos 50 mil millones de pesos.
• Unas 120 mil familias colombianas se dedican a la coca.

NÉSTOR ALONSO LÓPEZ L.
ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO
VALDIVIA (NORTE DE ANTIOQUIA)