Este mal endémico se mantiene, y prueba de ello es la frustrada venta de las electrificadoras y la malograda licitación del túnel de La Línea, que por tercera vez fue declarada desierta.

Algunos expertos y constructores consideran que lo que ocurre es que hay 'ligereza' en la estructuración de los proyectos. Sin embargo, hay quienes defienden los procesos y señalan que en este tipo de licitaciones no son ajenos los problemas generados por diversas causas, y que lo que hay que hacer es buscar soluciones antes de agravar la situación.

Durante la administración del presidente Andrés Pastrana, las dos licitaciones del túnel de La Línea fallaron por el riesgo país, una situación que fue difícil de superar por el Gobierno, ya que no existieron las pólizas de cumplimiento adecuadas para respaldar una obra que en aquella ocasión tenía un costo superior a los 250 millones de dólares.

Sin embargo, hace 12 días la licitación de La Línea contaba con las pólizas y el riesgo país era mínimo, pero volvió a fracasar la licitación. Esta vez, por la estrechez en la utilidad para los cinco proponentes que adquirieron pliegos, pero que al final del día no los hicieron efectivos.

La Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI, señaló que los recursos ofrecidos por el Gobierno, 611.500 millones de pesos eran inferiores al monto proyectado por la CCI y los constructores, en 308.000 millones de pesos más.

A esto se sumó la incertidumbre de las pólizas, que al final se expidieron para respaldar las propuestas que finalmente no se presentaron.

Pero La Línea no es el único proyecto en la historia del país que ha tenido problemas. La opinión pública señaló que muchos proyectos estaban hechos a la medida de los constructores, ya que ellos siempre ganaban en las querellas que instauraban.

Esta situación llevó al Gobierno a presentar un proyecto que modificara la Ley de Contratación o Ley 80.

El Gobierno considera que con esta nueva normatividad se podrían eliminar los problemas que han tenido proyectos como la concesión Tobiagrande-Puerto Salgar, por la cual Commsa pagó a Invías 110.000 millones de pesos por incumplimiento.

También se pueden recordar los problemas con las conecsiones férreas del Pacífico y Atlántico. La primera tiene problemas y la segunda tuvo que ser vendida a los carbonmeros para reactivarla.

Pero para no ir tan lejos, la concesión del aeropuerto Eldorado está en entredicho. Mientras que el concesionario considera que es necesario cambiar la zona de carga del aeropuerto, el Gobierno, que reconoce que existió un error en la planeación, no accede a ello por miedo a reclamaciones de los cuatro concesionarios que salieron derrotados por Opaín. A esto se suma el enfrentamiento entre la Aerocivil y Opaín por la suerte que correrá el actual terminal. Algunos expertos sostienen que este proyecto podría terminar como el caso Commsa.

El presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, sostiene que la mayoría de los problemas de los proyectos tienen que ver con la estructuración. "En muchas ocasiones hay improvisación, la muestra más clara de ello fue el Plan 2.500, en el cual muchos de los proyectos se dajudicaron sin diseños", recalcó.

En el caso de la licitación de La Línea, indicó que las obras no se pueden contratar bajo la modalidad de precios globales fijos, sino que debe ser a precios fijos unitarios. Sin embargo, el Gobierno considera que el contrato debe ser bajo la primera modalidad, para evitar que el valor del proyecto se dispare.

La venta de las electrificadoras estatales tampoco pudo despegar. Las quejas sobre la forma como se llevó el proceso han venido de varios frentes como la Contraloría, de reconocidos analistas económicos, así como de líderes sindicales que han alertado por la improvisación.

Entre tanto, el Gobierno aduce que los tropiezos se han originado en lo que ha denominado el ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, "confabulación de algunos politiqueros" que desean a toda costa bloquear la venta.

Pero el mismo gobierno ha reconocido que luego de los fallos judiciales, los cuales deben ser acatados, se tendrá que revaluar todo el proceso para blindarlo de cara a nuevas acciones futuras. De hecho, una de las medidas que se tomó fue valorar nuevamente las acciones que tiene la Nación en las empresas, la cual fue vista con reserva por algunos analistas.

El Gobierno intenta vender la participación accionaria que tiene la Nación en las electrificadoras de Meta, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá, pero el proceso ha sido aplazado en dos oportunidades por varios fallos judiciales. La más reciente suspensión fue notificada el domingo 10 de febrero a pocas horas del inicio de la audiencia de adjudicación, convocada para el lunes 11.

A juicio del analista económico Mauricio Cabrera Galvis, ha sido "muy equivocada, apresurada y tal vez ilícita la forma como el Gobierno ha adelantado el proceso de privatización de las electrificadoras. Es muy extraño que después de haber rechazado las críticas a la valoración de las electrificadoras, y de haber estado listo a venderlas a los bajos precios definidos el año pasado, el Gobierno cambió de posición y expidió los Decretos 242 a 246 del 2008, mediante los cuales subió el precio de venta de sus acciones en 211.000 millones de pesos".

Esta revaloración se hizo luego de que en diciembre del 2007, cuando se intentaron vender por primera vez, la Contraloría advirtiera un posible detrimento patrimonial.

"¿Qué hubiera pasado si las acciones populares no hubieran demorado la subasta de las electrificadoras y estas se hubieran hecho a un precio más bajo que su valor?", se preguntó Cabrera en una columna del diario 'Portafolio'.

Según Jairo Eduardo Cifuentes, presidente de la seccional Cundinamarca de Sintraelecol, las empresas estaban subvaloradas y prueba de ello es que se corrigió el valor de las acciones de la Nación.