El Gobierno esperará la opinión de expertos que aconsejen si el predio Carimagua es rentable o no para desplazados, antes de tomar una decisión sobre su destino.

Andrés Felipe Arias le ordenó al Incoder que dé por terminada de inmediato la audiencia pública programada para el próximo 21 de febrero, en la que se adjudicaría a privados el predio de 17.000 hectáreas ubicado en Puerto Gaitán (Meta).

La decisión se produce tres días después de que EL TIEMPO reveló cómo, en julio del 2007, el Ministerio de Agricultura y el Incoder le cambiaron la destinación al predio, inicialmente asignado a un puñado de familias de desplazados por la violencia.

La cesión que se le iba a hacer a empresas privadas en siete días y por 50 años -para la explotación de palma, caucho y madera- generó una polémica nacional y una reacción inmediata de la Procuraduría General, que hace menos de 48 horas solicitó revocar la decisión so pena de una tutela para frenarla.

La audiencia pública estaba programada para el próximo 21 de febrero y en ella se iban a adjudicar a privados el predio Carimagua, integrado por 17.000 hectáreas ubicadas en Puerto Gaitán (Meta).

Comisión de alto nivel La comisión estará integrada por los ex ministros de Agricultura Gabriel Rosas y Roberto Junguito; Juan Carlos Echeverry, ex director de Planeación, y Diego Miguel Sierra, quien perteneció a la Corporación Altillanura, en los Llanos.

Pese al anuncio, el Ministro aseguró que se buscará que sea la inversión privada la que desarrolle este tipo de proyectos con condiciones, como asignarla en convocatoria abierta, pública y transparente, al inversionista que esté dispuesto a pagar más recursos por el uso de estas tierras a partir de unos mínimos, y destinar los dineros al programa de reparación de víctimas.

También, añadió, le exigirían al inversionista que contrate mano de obra de la región y que desarrolle todas las obras de infraestructura necesarias para volver esas tierras productivas.

Igualmente, anunció que buscarán otros mecanismos para que los desplazados del Meta puedan acceder a tierra buena, a partir de convocatorias para que las asociaciones de desplazados postulen proyectos para compras de fincas.De esta manera, el Ministerio de Agricultura les entrega hasta 4,6 millones por hectárea y el 30 por ciento de lo que les cueste comenzar el proyecto productivo.

Hablan expertos Aunque aún no se conocen reacciones a esta decisión, ayer, un grupo de expertos que estudiaron los suelos de Carimagua por una década, aseguraron que no se trata de tierras malas y que no hay que invertir millones para que sean productivas.

"Durante años desarrollamos variedades de gramíneas, pastos dulces, leguminosas, frutales y tipos de maíz, arroz y soya que se producían sin problema en estos suelos ácidos", aseguró Obed García, hoy decano de la facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Los Llanos.

La decisión del Ministerio de Agricultura se conoce en momentos en que Sapuga S.A., una de las firmas que visitó el predio para estudiar la viabilidad de un programa agroindustrial, manifestó que no es productivo en las condiciones dadas por el Estado y que los desplazados son prioridad. Uno de los socios de Sapuga S.A. es tío del Ministro de Hacienda y delegado del presidente Uribe ante la junta directiva de Acción Social.

Anoche, la Contraloría General anunció que ordenó a la comisión que audita al Incoder, que evalúe documentación y trámites que le cambiaron la destinación a Carimagua.