Andrés Felipe Arias insistió, sin embargo, en que la entrega del predio Carimagua Puerto Gaitán (Meta) a empresarios privados para su explotación es la mejor opción.

Según Arias, ni los desplazados ni el gobierno tienen la capacidad financiera para sacar adelante el proyecto productivo.La polémica se desató luego de que EL TIEMPO reveló que ese terreno de 17.000 hectáreas, de los cuales 5.000 son área de reserva, ya no sería destinado a desplazados (como disponía un documento oficial del 2004), sino que iba a ser entregado en licitación a empresarios privados. El planteamiento del funcionario se sustenta en que la inversión total en el predio está entre 125.000 millones y 200.000 millones de pesos y además la explotación de cultivos de tardío rendimiento puede tener períodos improductivos entre 3,5 y 20 años, durante los cuales los campesinos deben tener un respaldo financiero para vivir."Creo que no podemos ser irresponsables al entregar una tierras que no les van a servir a los campesinos y que con seguridad su destino será el rastrojo. Otra cosa distinta es si le damos un carácter empresarial para desarrollo de la zona", considera Arias.¿Y cual será el destino de los campesinos a quienes se les iba a entregar la tierra?Arias afirmó: "el Gobierno no había asignado la tierra a nadie y tampoco es cierto que los desplazados se vayan a quedar sin tierra. Tampoco hay un censo de beneficiarios para el predio en cuestión".La Gobernación del Meta asegura haber hecho una preselección de familias con base en el censo de desplazados del Incoder. Según Arias, en efecto, una administración anterior del Meta hizo una aproximación pero el Gobierno la consideró incompleta y sin los suficientes argumentos técnicos para tenerla en cuenta. La política oficial - explicó- sobre asentamiento de desplazados por la violencia no es comprar tierra para entregar, sino que los afectados escojan la tierra y el Gobierno les entrega el dinero para que ellos la adquieran sobre unas bases de precio y calidad establecidos. "Aquí en el caso de Carimagua hay que despejar un malentendido: no se está buscando quitar tierra a los desplazados para darles un empleo. Lo que buscamos es optimizar el recurso productivo. Los campesinos van a tener de todas formas la tierra en otras zonas, garantizándoles la seguridad de que pueden vivir y explotar sus parcelas", explicó Arias."El modelo de entrega de tierra a los desplazados debe estar acompañado de una visión de empresa y de los recursos necesarios", añadió.Otros criterios que incluye el programa son los de alcanzar proyectos productivos que beneficien al mayor número de familias, que las tierras tengan la mejor calidad y estén ubicados en las poblaciones más pobres. Según los datos oficiales, se han entregado hasta hoy unas 112.000 hectáreas a familias desplazadas y campesinos pobres.¿La tierra de Carimagua es apta para la explotación? ¿Si es de mala calidad, por qué se considera que los empresarios la pueden explotar y los campesinos no?, son algunas de las dudas.Un estudio realizado por la fundación Fundes dice que el predio puede ser explotado comercialmente y que se pueden adelantar proyectos sociales productivos.El ministro descalifica el estudio, tomando como sustento conceptos técnicos: "Una vez revisados los documentos enviados por Fundes en el 2006, se puede demostrar técnicamente que los resultados entregados no permiten concluir la factibilidad técnica, financiera, de mercado y organizacional de proyecto alguno", concluyó un concepto técnico del Ministerio. Para Arias, la tierra de Carimagua no es mala, sino que requiere una corrección física y química de los suelos, cuyo costo se estima en cerca de 15.000 millones de pesos, esto es, más de 1,2 millones por hectárea.